24 de January de 2012 00:04

Reacciones moderadas tras ola de despidos

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[[OBJECT]]La segunda ola de despidos de funcionarios públicos ya no tuvo visos de conmoción como la primera, en el 2011.

En octubre, 2 700 empleados fueron desvinculados por el Gobierno a través del mecanismo establecido en el Decreto 813. En ese entonces, hubo reclamos por parte de legisladores, sindicalistas y los mismos ex trabajadores.

Hoy, tres meses más tarde, se aplicó el mismo proceso que, según la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), afectó a 1 370 trabajadores. Pocos se han pronunciado y prefieren llevar sus casos privadamente.

Joaquín Viteri, abogado laboral que atiende un centenar de casos de empleados despedidos en octubre, asegura que algunos ex funcionarios desvinculados recientemente han pedido su asesoría para iniciar procesos administrativos y no de carácter judicial.

“Esta vez se va a realizar primero una impugnación a la autoridad competente. Con esto se quiere evitar una acción de tipo contencioso administrativa”, manifestó.

A la vez, está a la espera de la sentencia de la Corte Constitucional sobre los tres procesos interpuestos el año pasado en contra del Decreto Ejecutivo 813.

“No hay avance del proceso. Voy a enviarle una carta al presidente de la entidad, Patricio Pazmiño, pidiéndole que se llegue a una resolución del tema”, señaló el titular de la Fenasep, Miguel García.

Los miembros de la Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep) aseguran, además, que de manera permanente acuden a la CC a pedir que se dé un pronunciamiento sobre el caso, pero que no hay resultados.

El gremio se reúne hoy en Cuenca para hacer una evaluación sobre los despidos. Al mismo tiempo analizarán los casos de los cuatro despedidos en la provincia y que laboraban en el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (Secap). La idea es saber si ellos estaban o no de acuerdo con la compra de renuncias.

Ello, debido a que en la primera ola de renuncias, según Remigio Hurtado, presidente de la Conasep, en Azuay salieron cerca de 60 personas, de las cuáles 45 estaban de acuerdo con el mecanismo de desvinculación del Estado.

Pero ex funcionarios -que prefirieron la reserva- dijeron que nunca estuvieron a favor del mecanismo de despidos. Hoy se reunirán a las 15:00 en Quito para analizar el tema y ver qué mecanismo legal usarán para enfrentar sus casos. Para ayer estaban previstos más despidos, pero se conoció que el proceso continuará a partir del próximo viernes.

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