“No se preveía este desfase presupuestario, por eso este gobierno se ve obligado a tomar medidas que no habría tomado en otras circunstancias”.
El gobierno español de Mariano Rajoy justificó así los recortes históricos, de 8 900 millones de euros en los presupuestos de los ministerios, y las subidas de impuestos que adoptó hoy para hacer frente a un abultado déficit público que se ha disparado por encima de las previsiones oficiales.
Una semana después de conformar su Ejecutivo, Rajoy dio hoy el primer paso de su anunciada lucha contra el déficit público, caballo de batalla en estos tiempos de crisis en la Unión Europea (UE).
En su discurso de investidura, la semana pasada, el líder del conservador Partido Popular (PP) anunció un recorte de gasto de 16 500 millones de euros en 2012 para que España pueda cumplir a tiempo con el compromiso contraído con Bruselas: bajar el déficit a un 4,4 por ciento el año que esta a punto de comenzar y al 3 por ciento que fija el Pacto de Estabilidad en 2013.
Pero el tijeretazo, hoy quedó claro para quien aún lo dudara, tendrá que ser mayor, porque no se cumplirá la previsión oficial de cerrar 2011 con un déficit público del 6 por ciento, fijada por el anterior gobierno del socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
El déficit se ha disparado y cerrará 2012 en el 8 por ciento, lo que obliga a más recortes de gasto y a buscar formas para ingresar en las arcas del Estado.
Esto último se hará mediante una subida de las rentas del trabajo (IRPF) y los rendimientos de capital durante los dos próximos años, pese a que Rajoy aseguró durante la campaña electoral para las elecciones generales del pasado 20 de noviembre que no subiría los impuestos. Sindicatos y oposición criticaron las medidas.
Son una “mala señal”, un “mal comienzo”, valoraron los representantes de los trabajadores, que advirtieron de que podría haber movilizaciones en la calle si se profundizan más los ajustes.
En su segundo consejo de ministros, el último antes de que finalice 2011, el gobierno de Rajoy aprobó una subida progresiva del IRPF, que aumentará desde un 0,75 por ciento en el primer nivel de renta, hasta un 7 por ciento en el nivel más alto, el que se sitúa por encima de los 300 000 euros de base anual liquidable.
Incumpliendo una de sus promesas electorales, el gobierno anunció asimismo una inesperada “subida temporal” de los impuestos para los más ricos. Junto a un aumento del impuesto sobre los bienes inmuebles y la supresión de las bonificaciones al gasóleo profesional, el Ejecutivo pretende ingresar más de 6 000 millones de euros.
Las clases medias serán las que más acusen estas medidas. El gobierno pretende “salvaguardar a los más débiles”, explicó en rueda de prensa la vicepresidenta y portavoz del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. “No podemos pedir sacrificios a quienes no pueden dar más”, manifestó. Las pensiones -congeladas todas excepto las mínimas por el gobierno de Zapatero el año pasado- se actualizarán un 1 por ciento, por debajo del 2,4 por ciento con el que cierra el año la tasa de inflación en España.
En un país con casi cinco millones de desempleados, algo más del 21,5 por ciento de la población activa, se mantendrán “íntegramente” las prestaciones por desempleo, dijo la vicepresidenta. Y a partir de febrero, fecha en la que terminaba la medida, se prorrogarán los 400 euros que perciben los desempleados que ya agotaron su prestación de desempleo.
Los funcionarios públicos estarán en primera fila de los más afectados por estos recortes. El salario de los funcionarios, reducido ya por el gobierno de Zapatero en una media del 5 por ciento, Rajoy ha decidido congelarlo.
Además, a los funcionarios públicos les incrementa la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
Tal y como se anunció esta semana, el gobierno congela además el salario mínimo interprofesional -el sueldo mínimo fijado por ley que puede cobrar un trabajador- en los 641,4 euros mensuales actuales. También suprime, para nuevos solicitantes, la ayuda del alquiler para jóvenes.
Los 8 900 millones de euros que el Ejecutivo conservador pretende ahorrar en un inicio correrán a cargo de una reducción en la estructura de la administración del Estado, que se traduce en una limitación de presupuesto de los ministerios durante los tres primeros meses de 2012.
Los mayores recortes tendrán lugar en el Ministerio de Fomento (1 614 millones de euros), Industria (1 091 millones), Economía (1 083 millones) y Asuntos Exteriores (1 016 millones).
Los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales verán reducidas en un 20 por ciento las subvenciones que reciben a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Estos recortes, mayores de lo esperado, son consecuencia de “la desviación” del déficit público, que en 2011 será “muy superior” al 6% del PIB previsto por el anterior gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó la vicepresidenta del gobierno y ministra portavoz, adelantando una cifra en torno al 8%.
“Estamos ante una situación extraordinaria y no prevista” que ocasionará medidas de rigor “extraordinarias y no previstas”, lanzó.
“Estas medidas son el inicio del inicio”, advirtió, ya que sólo conciernen a los primeros tres meses del año, en espera de que el ejecutivo de Rajoy presente, a finales de marzo, su proyecto de presupuesto para 2012.