Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo, presentó este 13 de noviembre del 2017 una acción de protección para los afectados por la comercialización de cocinas a inducción debido a prácticas abusivas.
Foto: Armando Prado/EL COMERCIO
La venta puerta a puerta de cocinas a inducción causó malestar en unos 2 407 hogares, a escala nacional. En estos casos, para concretar la compra, ciertos comerciantes omitieron información o usaron “engaños” para convencer a sus clientes.
Por esta razón, Ramiro Rivadeneira, defensor del Pueblo, presentó este 13 de noviembre del 2017 una acción de protección para los afectados por la comercialización de cocinas a inducción debido a prácticas abusivas.
El documento fue entregado en el Complejo Judicial Norte del Consejo de la Judicatura, en Quito.
Las 2 407 quejas, recopiladas entre enero del 2015 y septiembre de este año, se produjeron, principalmente, en la zona rural, según el texto.
Entre estas se encuentran experiencias de personas adultas mayores, con discapacidad y hasta con enfermedades catastróficas que adquirieron las estufas sin disponer de información suficiente como la necesidad de contar con la conexión eléctrica de 220 voltios.
Incluso hay casos donde se ofrecía el bono de desarrollo humano del Gobierno a cambio de la compra, y, en otros, se advertía con que lo perderían si no adquirían el artefacto, refirió Rivadeneira.
Debido a estas prácticas, la Defensoría ha constatado que existen familias que tienen estos electrodomésticos aún empacados, porque no tienen los medidores. Y otros han sufrido cortes de energía debido a la falta de pago.
La acción de protección busca que el Ministerio de Electricidad regule y controle las malas prácticas en la venta de estos artefactos, que se habiliten canales para receptar quejas y que se solucionen los problemas de los afectados en estos casos.