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Proyecto de ley está dirigido a la firma Conecel

De aprobarse la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, con el artículo que incluye el pago de nuevas regalías de las telefónicas al Estado de acuerdo a su participación en el mercado, la única que aportaría sería Conecel, que maneja la marca Claro.

De acuerdo con la propuesta elaborada por asambleístas de Alianza País en coordinación con los ministerios de Telecomunicaciones y Sectores Estratégicos, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudará entre el 1 y el 9% de los ingresos totales de las operadoras que tengan una participación en el mercado sobre el 35%.

A Conecel le correspondería pagar el 7% de sus ingresos totales, que equivale a unos USD 115 millones. Mientras que Otecel, que opera bajo la marca Movistar, no pagaría debido a que su participación llega al 28%, según datos de agosto de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel).

Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, que actualmente tramita este proyecto de ley, asegura que este artículo busca regular el mercado telefónico que cuenta con un operador dominante.
“La misma Constitución dispone que hay que regular los monopolios y el artículo 408 dispone que la mayoría de los beneficios del espectro radioeléctrico deben ir para el Estado”, dice el asambleísta.

David Sperber, abogado especialista en temas antimonopolio, sostiene que este tipo de medidas no “contribuyen a la reducción del poder de mercado de una empresa”, por lo que considera a la iniciativa oficial como un nuevo impuesto para las operadoras telefónicas.

Sperber explica que los contratos que firmaron las telefónicas con el Estado sí permiten incorporar este tipo de medidas. Sin embargo, causaría un “desequilibrio económico” en la operadora afectada y no causaría ningún impacto en la reducción del desequilibrio en el mercado. De ahí que la medida “sería discriminatoria para el operador grande”.

Paúl Rojas, exsuperintendente de Telecomunicaciones, asegura que este “posible impuesto” busca compensar los costos de las concesiones que se firmaron en el 2008.

Rojas declara que hubo una falta de visión para calcular las utilidades que iban a generar las operadoras cuando renegociaron los contratos en el 2008.

A más de incrementar las rentas para el Estado, dice Rojas, en la nueva ley también se debe incorporar algún artículo para abaratar los precios de interconexión que permitan disminuir las tarifas telefónicas para los usuarios.

Representantes de Conecel y Otecel comparecerán en la Asamblea el lunes o miércoles de la próxima semana.

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