Proteccionismo asfixia a la CAN
La Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) informó el 25 de abril, que remitió un pedido al Gobierno ecuatoriano para que en el plazo de 10 días hábiles explique si la Resolución 116 que aplicó el Comité de Comercio Exterior (Comex), en diciembre pasado, constituye una restricción al comercio andino, en los términos establecidos en el Acuerdo de Cartagena. Las empresas asentadas en el Perú han sido las que más se han quejado. Cálculos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú señalan que las pérdidas en las exportaciones hacia Ecuador suman USD 120 millones.
A este resquebrajamiento en el comercio exterior andino se suman las decisiones adoptadas por Colombia el año pasado. El gobierno de Juan Manuel Santos aplicó salvaguardias a la importación de nueve productos agropecuarios: papa fresca y precocida, lactosuero, leche en polvo, cebolla, fréjol, arveja, tomate, pera y queso fresco. La decisión se tomó en momentos en que los campesinos colombianos protestaron por los efectos de los TLC suscritos con EE.UU. y Europa; reclamos que, a propósito, se reactivaron ayer.
Bolivia tampoco se queda fuera de esta ola proteccionista. El Ejecutivo anunció que este año impulsará medidas destinadas a la protección de la industria boliviana. Es decir, se tiene previsto exigir a los productos importados más especificaciones técnicas, certificaciones de calidad, etc. Por ahora, empresarios y autoridades se encuentran en una etapa de análisis.
En medio de este complejo escenario comercial que vive la CAN surgen dudas respecto de su vigencia; un asunto que tampoco preocupa a las más altas autoridades. Solo basta mirar que la última reunión del Consejo Presidencial Andino fue en noviembre del 2011, en Bogotá, en donde se reiteró “el compromiso de fortalecer a la Comunidad Andina”. ¿Vale la pena hacerlo, cuando cada país maneja su propia agenda de comercio exterior? De lo contrario, el tema solo queda en retórica.