La sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en Ámsterdam es clave para el Ecuador.
En esta tercera y última reunión del año se esperaba que el organismo analice la salida del país de la lista de naciones con deficiencias en el control de lavado de activos y la financiación al terrorismo. De hecho el procurador del Estado, Diego García, viajó hasta allá para explicar los avances en esta materia desde el 2009.
El Ecuador fue incluido en dicha a lista en febrero pasado, pero hasta ahora la Procuraduría no ha transparentado cuál fue la respuesta del Ecuador al GAFI.
Incluso este Diario ha solicitado el documento por varias ocasiones sin ninguna respuesta.
Hasta ahora el único avance claro es la presentación del proyecto de reforma a la Ley para Reprimir el Lavado de Activos a la Asamblea Nacional.
La entrega de este proyecto se concretó el 4 de junio pasado, cuando la Ley ha estado en vigencia desde el 18 de octubre del 2005. En el mismo documento se reconoce que “habiendo transcurrido aproximadamente cinco años que entró en vigencia la Ley para Reprimir el Lavado de Activos se detectaron algunas deficiencias”, por lo que es necesaria una revisión.
Entre los cambios que se propone está que las administradoras de fondos y fideicomisos, las personas que compran y venden vehículos, las remesadoras de fondos, inmobiliarias, constructoras reporten las operaciones a la Unidad de Análisis Financiero.
Entre otras cosas, también se especifica en qué casos se comete el delito de financiamiento del terrorismo y las sanciones.
Hoy está previsto que la Procuraduría explique los alcances de esta propuesta en la Comisión.
Para la analista en temas financieros, María Laura Patiño, la presentación de un proyecto de Ley no es suficiente para salir de esta lista. Incluso este proyecto aún no ha sido aprobado y no hay fecha para que entre a discusión.
“Personalmente veo muy difícil que el Ecuador salga sin un plan de acción sustentado y basado en el sistema de evaluación y en las recomendaciones del GAFI”.
Hasta ayer en la tarde, la Procuraduría no se pronunció sobre los resultados de las reuniones mantenidas, entre García y el presidente del GAFI, Paúl Vlandeeren y Jorge Yumi, delegado del Presidente del Gafisud, organismo que actúa en Sudamérica.