Los asambleístas llevarán a cabo hoy el primer debate del polémico Código de Planificación y Finanzas Públicas, con miras a su aprobación de carácter urgente, tal como lo remitió el Presidente el pasado martes. La premura por la aprobación ha puesto al Código en un escenario conflictivo, ya que gran parte de los asambleístas considera que se requiere un proceso más pausado y socializado, para evitar errores. “Se van a derogar cuatro leyes importantes, creo que sería bueno tomarnos las cosas con calma”, señaló el titular del Congreso, Fernando Cordero. Pese a la alerta, la Comisión de lo Económico decidió dar trámite a los debates. El pasado viernes, su presidente, Francisco Velasco, llamó para hoy a que el Pleno debatiera sobre el Código y presentara sus observaciones.Entre los puntos más conflictivos está el del nivel de endeudamiento. El Código contempla que sea del orden del 50% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando actualmente es del 40%. Además, permite al Ministro de Finanzas tener discrecionalidad sobre el 15% del Presupuesto, es decir, que podrá ajustar y utilizar recursos sobre ese monto.Así, en un Presupuesto de USD 20 000 millones (similar al de este año), el Ministro tendría la discrecionalidad de modificarlo en USD 3 000 millones.Los banqueros también están alertas, ya que se establece en el Código que hasta el 75% de la liquidez que mantienen las instituciones en el Banco Central, por concepto del encaje bancario, se lo tenga en bonos. Eso, según Cesar Robalino, de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, pone en peligro al sistema y a los recursos de los depositantes. Pero el ministro Patricio Rivera afirmó que se pedirá aclarar que será algo voluntario. “El encaje suma USD 300 y los bancos podrán comprar hasta las tres cuartas en bonos. Pero eso no es obligación ni tampoco se afecta al requerimiento de capital obligado por la Superintendencia de Bancos. Queremos dinamizar el mercado de valores”.Otro aspecto de muchas dudas es el referente a la disposición sexta que permite al Procurador General del Estado decidir cualquier lugar para dirimir conflictos de inversiones con países o empresas extranjeras. Eso, según Jaime Carrera, del Observatorio de la Política Fiscal, “es inconstitucional y va en contra de lo decidido en la Carta Magna de que los centros de arbitraje serán los de la región, pero con esto se podría aceptar un arbitraje en Londres, por ejemplo”.Otro punto que genera reacciones contrarias es que el Código permite a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)endeudarse hasta en el doble de sus ingresos totales, lo que podría tornar inmanejable la deuda estatal.