Preocupación en los empresarios por la denuncia de los TBI
La mayoría oficialista se impuso ayer en el análisis de los tratados en la Asamblea. Foto: Julio Estrella/EL COMERCIO
Al sector empresarial le preocupa el impacto que pudiera generar en futuras inversiones la decisión de la Asamblea Nacional de denunciar los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).
El 3 de mayo del 2017 el Legislativo denunció los TBI de 12 países: China, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina, Suiza, Países Bajos, Chile, EE.UU., Canadá, España e Italia.
Ese mismo días el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) indicó, a través de una carta a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, la necesidad de preservar la seguridad jurídica y de generar un ambiente propicio para la entrada de la inversión extranjera para impulsar el desarrollo del país.
Para ello, el gremio empresarial recomendó no denunciar los acuerdos y solo enmendar la parte que contravenía la Constitución, razón por la cual se argumentó su denuncia.
En el art. 422 de la Constitución se señala que no se podrán celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas.
La Carta Magna, sin embargo, admite este tipo de resolución de controversias siempre que las cortes sean regionales.
Al final, la Asamblea no apostó por la propuesta de enmienda y denunció los acuerdos.
La ponente del informe de denuncia, María Augusta Calle, indicó que existen también diálogos con los países y principales socios comerciales para renegociar nuevos tratados de inversión.
Sin embargo, los empresarios consideran que esta decisión genera incertidumbre en los “agentes económicos”. Los TBI permiten ampliar el nivel de cooperación internacional al incentivar las inversiones, dijo el gremio.
