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La política del secretismo

Los mayores contratos públicos se concentran en sectores estratégicos que carecen de filtros para garantizar la competencia y la transparencia, muy similar a lo que ocurre con el manejo de la deuda pública.

Para nadie es desconocido que los contratos de venta anticipada de petróleo con China se guardan bajo llave, complicando la fiscalización de al menos USD 4 000 millones de créditos chinos, que no se registran como deuda en las estadísticas oficiales.

Curiosamente, para mantener el secretismo de estos contratos, el Gobierno sostiene que se trata de deuda pública, la cual está sujeta a reserva si Finanzas lo dispone.

Cuando se concretan los créditos ‘secretos’ entran a las arcas fiscales, aunque salen por la misma vía para pagar a las empresas chinas que ejecutan las obras, principalmente en centrales hidroeléctricas, como la Coca-Codo.

La negociación de contratos para construir las centrales hidroeléctricas han tenido el mismo ‘toque secreto’ que ronda al manejo de la deuda.

Solo se conoce que los créditos están atados a la contratación de empresas originarias del país que financia la obra: China, Rusia, Brasil, etc.

El beneficio real para el país se desconoce, pues no hay estudios sobre el grado de participación de las empresas nacionales, las exigencias sobre la transferencia de tecnología, la generación de empleo, etc.

Esa cuantificación es básica para medir el impacto del gasto público, considerando que el Estado contrata cerca de USD 10 000 millones al año, cifra equivalente a la actual deuda externa pública.

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