El ambiente de tensión continúa hoy, 11 de mayo de 2014, en el Valle de Intag, Imbabura. Desde el jueves último, un equipo de la Empresa Nacional Minera (Enami), escoltada por 120 policías, se encuentra en esta zona. Según Santiago Yépez, gerente de la Enami, ingresaron para tomar muestras de suelo, agua y aire, como parte de un estudio de impacto ambiental que determinará la factibilidad o no del proyecto minero Llurimagua.
Sin embargo, ahora los campesinos, de esta zona –que tiene 20 000 habitantes- deben movilizarse de sus casas a sus terrenos con cédula en la mano. Así lo denunció hoy Polivio Pérez, presidente del Consejo de Comunidades de la parroquia García Moreno.
“Hay un operativo en la provincia (Imbabura). Incluso, se suspendieron los cuatro turnos diarios de autobuses que ingresan de Otavalo a Intag. Es un sistema de amedrentamiento que maneja el Gobierno a nivel cantonal”.
En la empresa de Transportes Otavalo, que cubre la ruta hacia Intag, se informó que los turnos que salen rumbo a Intag solo están llegando a García Moreno, situada a 20 kilómetros antes de Junín, zona donde se realiza la recolección de muestras. Los transportistas dicen que es debido a derrumbes en la vía.
Pérez también señaló que están realizando controles policiales en los ingresos a las comunidades. Entre ellas se habrían ubicado piquetes en: Chalguayacu Bajo, Loma Negra, Aguagrum, Cristopamba y el vía Selva Alegre.
El jueves último, el gobernador de Imbabura, Wilmer Taboada, explicó que ingresaron policías de control de carreteras, Dinapen, Policía Judicial, entre otros, para realizar tareas en diferentes áreas.
Mediante su cuenta tuiter, Yépez publicó ayer que la “Enami EP continúa con su trabajo responsable en beneficio de las comunidades de Intag”.
Sin embargo, Carlos Zorilla, dirigente de la Defensa de Conservación de Intag (Decoin), comentó que “la gente está atemorizada. Nunca se ha visto tanta presencia policial para proteger a funcionarios que toman muestras. Parece de ciencia ficción”, dijo al tiempo de criticar las aceveraciones que hizo en su contra el gerente de la Enami.
Yépez declaró que durante las protestas del jueves se habría empleado “el manual de Zorrilla” para impedir la acción de la Policia. Zorrilla desmintió al funcionario y sostuvo que se trataba de una difamación sin ninguna prueba, parte del discurso oficial para descalificar a los habitantes de la zona que se oponen a la minería.