Una lavadora de automóviles funciona desde hace un año en la vía que conduce al sur de la ciudad de Esmeraldas, cerca de la ciudadela La Victoria. Desde ahí se observa la tea de la Refinería.
José Barrera aprendió a lavar vehículos hace un año y medio; desde hace 12 meses lo hace en su propio negocio y cobra USD 2.
Él es uno de los 65 ex trabajadores de la Refinería de Esmeraldas que esperan ser reintegrados a sus puestos de trabajo, después de dos años de haber sido separados bajo la figura del visto bueno.
Sin trabajo, Barrera vendió su automóvil y compró los equipos para ganarse la vida lavando carros. Estuvo como operador de la Refinería durante 28 años. Fue capacitado en el manejo de plantas petroleras en Venezuela y en Barrancabermeja, Colombia.
“Tenía que vivir de algo mientras la justicia nos daba la razón”.
Como Barrera, 628 empleados de Petroecuador fueron involucrados en una denuncia formulada en septiembre del 2010, por el entonces secretario de Transparencia, Juan Sebastián Roldán.
La razón: un supuesto conflicto de intereses al tener participación accionaria en Gaspetsa.
La empresa tenía un contrato con Petroecuador para elaborar gasolina de pesca artesanal.
Como resultado de la denuncia, las autoridades de la petrolera separaron bajo la figura de visto bueno a más de 500 funcionarios sin indemnización alguna.
De ellos, un grupo de 104 ex empleados de Quito y Esmeraldas presentó en las cortes de Pichincha y Esmeraldas acciones de protección y pedidos de medidas cautelares para ser restituidos a sus cargos con una indemnización y todos los derechos que tenían antes de su salida. En este grupo estaba José Barrera.
El 1 de febrero de este año, la Corte Provincial de Esmeraldas acogió la acción de protección y resolvió que Petroecuador reintegrara a los ex empleados.
Ante ello, Petroecuador presentó en abril una acción extraordinaria en la Corte Constitucional para evitar que se ejecute la resolución de la Corte de Esmeraldas.
La acción de la petrolera, sin embargo, no fue admitida.
Como Barrera, los 104 ex trabajadores recibieron la noticia con entusiasmo y más aún cuando el gerente de Petroecuador, Marco Calvopiña, señalara en el canal estatal Ecuador TV que serían reintegrados entre ayer y hoy.
Sin embargo, Calvopiña insistió en que no deben recibir ningún pago por el tiempo no trabajado.
“La resolución del juez de la Corte Provincial (de Esmeraldas) nos indica que no hay lugar al pago de la remuneración por el tiempo no laborado”.
En ello difiere Javier Del Pozo, procurador de los 39 ex trabajadores en Quito de Petroecuador que fueron cobijados por la resolución de la Corte de Esmeraldas.
Del Pozo sostiene que esta acción, confirmada por la Corte Constitucional, elimina los vistos buenos y en consecuencia los trabajadores recuperan todos los derechos que tenían hasta finales del 2010, junto con sus remuneraciones a partir de esa fecha.
Del Pozo sostiene que dos juzgados de Pichincha y Esmeraldas dictaron en octubre del 2010 y junio del 2011 medidas cautelares para el reingreso de los trabajadores, por lo que los ex empleados debían percibir las remuneraciones desde esas fechas.
De no cumplirse con el pago de remuneraciones atrasadas y una indemnización por daños derivados de los vistos buenos, los trabajadores no descartan nuevas demandas contra la empresa, dijo Del Pozo. (Ver compartida).