El Gobierno trata de aplacar las reacciones desfavorables que han provocado en asambleístas y servidores públicos algunos de los elementos que se incluyó en el veto a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).
El pago de indemnizaciones con bonos del Estado a quienes se jubilen por retiro voluntario o por supresión de partidas , así como la compra de renuncias obligatorias, son los dos puntos que mayor conflictividad han generado sobre el texto, remitido a la Asamblea el pasado 3 de septiembre.Con respecto al primer aspecto, estipulado en el artículo 129 del veto, el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, aseguró que la oposición malinterpretó la propuesta oficial.
“No es que se va a pagar en bonos. Eso habrá que reglamentarlo. Esa es una alternativa de cómo se podría pagar. No hay que descartar que el mismo servidor público pida que se cancele su indemnización de esta forma”.
Estas declaraciones causaron sorpresa en la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Nívea Vélez. “En el veto no dice nada sobre un reglamento. Ahí dice se podrá pagar con bonos. Esto y unos planteamientos sobre porcentajes son producto de la protesta popular”.
Precisamente, el presidente Rafael Correa aseguró el pasado martes que para el pago de las indemnizaciones un 30% se haría con bonos y un 70% en efectivo, y que ese mecanismo se aplicaría en el caso de falta de liquidez.
Remigio Hurtado, representante de la Confederación Nacional de Servidores Públicos, dijo que esa no es una suposición sino que es el caso. “Si no tienen para pagar USD 12 000 a 1 500 miembros del sector educativo peor a 100 000 que se acogerían a un retiro por hasta USD 42 000”.
Para el Ministro hablar de cifras tan altas es falso como también lo es, según dijo, que a través de la compra de renuncias se quiera sacar a servidores públicos antiguos para colocar gente del partido de Gobierno.
La polémica alrededor de este tema no solo es producto de las personas que ingresarían a ocupar esos cargos, sino porque se establece que la compra de renuncias será obligatoria, según lo establece la transitoria décima del veto a la Ley de Servicio Público.
A los servidores, que actualmente son 470 000, lo que más les preocupa es la forma cómo se va a determinar quién sale y quién se queda. Ellos dicen que esto es inconstitucional, pues ninguna parte de la Carta Magna se establece esta disposición.
Debido a este y otros elementos incluidos en el veto, los servidores realizarán una movilización prevista para el miércoles o jueves de la próxima semana.