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Organizaciones sociales dan apoyo a los burócratas

Los representantes de los servidores públicos, acompañados por líderes de organizaciones sindicales, firmaron ayer el pedido de inconstitucionalidad al artículo 8 del Decreto 813, que establece la compra de renuncias obligatorias.

La norma entró en vigencia el pasado 12 de julio, cinco días después que el presidente Rafael Correa la emitiera. El texto, según el Régimen, se sustenta en el artículo 47, literal k, de la Ley Orgánica de Servicio Público. Ahí se establece que los burócratas pueden ser desvinculados por compra de renuncias con indemnización.

“Esto atenta los derechos de los trabajadores. Es una norma ilegal e inconstitucional. Por eso vamos a poner la demanda en la Corte hoy a las 17:00 (hasta el cierre de esta edición no entregaban el texto a las autoridades)”, señaló Miguel García, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), luego de firmar el documento en las instalaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas.

En el acto estuvieron presentes líderes de la organización, así como representantes del Movimiento Popular Democrático. También se encontraba la asambleísta independiente Nívea Vélez, presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores.

“Este caprichito de Correa significaría el despido anual de 11 000 servidores públicos, lo que implicaría que al Gobierno le toca gastar USD 450 millones en el presupuesto anual”, explicó.

El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, rechazó cuestionamientos de este tipo ya que dice que es imposible que salga tal cantidad de personas.

“Malévolamente han dicho hasta que se va a sacar a 300 000 servidores públicos. ¡Están locos! Si el servicio público tiene 470 000. Tenemos un presupuesto de USD 116 millones para indemnizaciones por compra de renuncias y supresión de partidas. Si fuera solo para el primer caso, con un promedio de USD 30 000 por persona, resultan 3 866 servidores que saldrán”.