Una vez conocidos los resultados de la consulta popular, el escenario económico se modificará. No solo las nuevas reformas empezarán a entrar en marcha, sino que varios proyectos y medidas que estaban listas a entrar en vigencia volverán a tomar cuerpo en las próximas semanas.
Uno de ellos es el caso concreto del paquete de reformas tributarias que el director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, impulsa para cubrir el déficit de USD 406 millones para el sector de la Salud.
“El proyecto está listo y en manos del Presidente”, dijo Marx Carrasco. Y ahora se lo volverá a impulsar. Esto es: se aumentará USD 0,07 el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) por cada cigarrillo; se cobrará entre USD 5,70 y 6 por cada litro de alcohol puro en el caso de las bebidas alcohólicas; se incrementará entre 5 y 10% el costo de las llamadas que involucren un celular y se elevará un punto en las retenciones en la fuente.
Asimismo, varios temas en materia laboral y de comercio que quedaron sin definir, como parte de una estrategia política, volverán a desempolvarse. Una de ellas será la reforma a la Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así lo afirma la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Nívea Vélez. “La consulta nos distrajo de lo que debíamos trabajar en este texto. En este caso quedaron aletargados temas referentes a la protección de los trabajadores de las cementeras y la seguridad social para las amas de casa”.
Además, tampoco se ha agilitado la entrega del proyecto de Ley Reformatoria del Código del Trabajo, que podría tratarse en agosto, una vez que se renueven los cuadros de la Comisión.
En materia comercial, se quedó en medio camino un proceso de sustitución de importaciones. El mecanismo deberá definirse ya que el Gobierno fijó algunos sectores clave para esta medida.
En el caso de las medicinas, por ejemplo, el Régimen aseguró que fomentaría la producción local, lo cual no se concreta del todo debido a que se debe realizar una lista de los medicamentos sustituibles (en manos del Ministerio de Salud) y desarrollar los criterios de selección.
Finalmente, en materia energética, pese a que la negociación de los contratos mineros han venido dándose, su perfil ha sido bajo y se estima que para los próximos meses esto tome fuerza.
Todas estas medidas deben sumarse a las reformas que hay que adaptar para la aplicación de las preguntas ganadoras.
Reformas a la normativa bancaria
Banca y mediosEn caso de que se oficialice la victoria del Sí en la pregunta 3, el Consejo Nacional Electoral debe disponer la publicación en el Registro Oficial de los resultados dentro de los 7 días siguientes del referéndum. “Publicado ya no hay nada que hacer, es Ley de la República”, explica la constitucionalista Katia Murrieta.
Este resultado proyecta un escenario financiero complicado, según el análisis de Fidel Márquez, investigador económico y catedrático del ramo. El mayor impacto se sentirá entre las pequeñas instituciones como las cooperativas de ahorro y crédito. Esto porque al obligarles a sus dueños y accionistas deshacerse de otros negocios no afines al financiero, corren el riesgo de tener iliquidez.
Se denominan cooperativas de ahorro y crédito, a aquellas que tengan por objeto único y exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de sus socios, según la Real Academia. En Ecuador hay 37 cooperativas de ahorro y crédito.
“Si ponemos una cooperativa es para prestarnos entre nosotros mismos y si en esa cooperativa los socios no van a tener otro tipo de empresas de las que se ayudan económicamente, ¿qué va a pasar?, cuestionó Márquez.
Además, queda en el limbo sobre si esta pregunta afecta a empresarios que tengan inversiones en el extranjero. Por ejemplo, alguien que tenga un barco atunero en Colombia y que a la vez posea acciones en un banco en Ecuador. ¿También debe deshacerse de su barco?
Esta serie de interrogantes deberán ser despejadas a través de reformas o creación de reglamentos de las leyes afines, explica Murrieta. En este caso, la Ley del Sistema Financiero.
En cuanto a supuestos vacíos en la pregunta planteada, no caben interpretaciones. “No hay cómo modificarla”.
A justificar los ingresos generados
EnriquecimientoA partir de este momento, las autoridades de control deberán ajustar un reglamento para definir cómo se procederá y qué sanciones se aplicará para quienes no justifican sus ingresos.
Al ganar el Sí en la pregunta sobre la obligatoriedad de justificar el enriquecimiento privado, el Servicio de Rentas Internas (SRI) será el encargado de formular la reglamentación respectiva, analiza el asesor tributario, Juan José Villacrés. “Una forma será controlando más el tema patrimonial. Ya el propio SRI habló en algún momento de que la declaración sea a partir de USD 100 000 y o de USD 200 000. Habrá que ver cómo definen este mecanismo de control”.
Hace un par de meses el SRI planteó la posibilidad de ampliar la base de contribuyentes para tener un mayor control sobre sus patrimonios, lo cual también se traducirá en mayores ingresos fiscales.
Sin embargo, según el abogado Patricio Cueva, antes de una reforma de orden técnico, “primero habrá que esperar a ver cómo el Presidente cambia o define exactamente el sentido de la pregunta. Recordemos que prometió cambiar el sentido de la pregunta”. En efecto, el pasado 27 de marzo, el Mandatario aseguró que “velará porque en la Asamblea Nacional la reforma legal diga claramente ilícito, en lugar de injustificado”.
De darse este cambio, las autoridades deberán definir el campo de acción de cada una de las entidades que actualmente ya realizan este control, como es la Superintendencia de Bancos y el mismo SRI. Existen varias regulaciones que están vigentes y buscan controlar las fuentes de ingresos. Por ejemplo, la Ley de Lavado de Activos, donde se establece que las personas naturales y jurídicas deberán reportar las operaciones y transacciones económicas, cuyo valor sea igual o superior a los USD 10 000.
Una reforma a la ley del Seguro Social
IESSDe confirmarse el triunfo del Sí en la pregunta 10 de la consulta popular, relativa a la penalización de la no afiliación al seguro social, la primera acción será remitir a la Asamblea Nacional una reforma a la Ley del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Según el abogado laboral, Iván Nolivos, en la reforma se deberá especificar si la pena que se aplicará será de prisión o de reclusión al patrono incumplido, lo cual fue omitido al plantear la pregunta.
“El escenario, en el caso que se opte por la reclusión, será fijar penas de hasta 25 años, dependiendo de los atenuantes o agravantes. Habría que reformar la Ley de Seguridad Social o el Código Penal. El mismo Presidente de la República podría remitir un documento”.
Nívea Vélez, presidenta de la comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea, señaló que no presentará un proyecto, pero trabajará en la revisión del texto y que exigirá al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) que explique qué ha hecho para controlar las afiliaciones en las empresas pública y privada.
Representantes sindicales dicen que propondrán su propio proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social. Joaquín Viteri, asesor legal del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), dijo que los trabajadores deben estar atentos ante cualquier intento de despido a causa del triunfo del Sí a la pregunta.
El artículo 327 de la Constitución habla de la penalización de los fraudes que se cometan contra el trabajador.
El presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), Pablo Serrano, explicó que una vez que se presente el proyecto de ley, participará en las sesiones de la Comisión a la que se asigne para que se incluyan sus observaciones.
Se buscará recuperar las inversiones
CasinosLas empresas de casinos en el país tienen claros los escenarios de acción frente a los resultados de la consulta popular.
De ganar el Sí o el No en la pregunta 7 de la consulta, el primer paso de estas empresas será la promoción de una ley que regule las casas de juego.
El gerente del casino Montecarlo, Pedro Sánchez, sostiene que de ganar el Sí los empresarios de casinos promoverán que se elimine el 85% de máquinas tragamonedas y de juego que funcionan de manera ilegal en el país.
Añade que este resultado abre una puerta para un diálogo con el Gobierno a fin de legislar el funcionamiento legal de casinos en el interior de hoteles de primer nivel con altos montos de inversión.
En el caso de que el Régimen exija la salida de las salas de juego legales, Sánchez señala que pedirán un tiempo de al menos cinco años para que las empresas a cargo de ellas recuperen su inversión.
Los 35 casinos registrados en el Ministerio de Turismo estiman inversiones en el país por cerca USD 170 millones entre montos ejecutados y proyectos a realizarse en los próximos años.
Finalmente, en el caso de que no se viabilice este pedido, Sánchez, quien además funge como portavoz de los
inversionistas del sector, indica que las empresas podrían tomar la decisión de salir del país, no solo con los casinos sino con las unidades hoteleras que los acogen. Ello pondría en peligro alrededor de 25 000 empleos directos e indirectos.
Para el vicepresidente de la Asociación de Casinos y Bingos del País, Jorge Castro, de prohibirse el negocio legal de juegos de azar no se descartan posibles demandas internacionales para restablecer inversiones de las empresas .
Pero de ganar el No, advierte que se promoverá una ley para eliminar las casas de juego ilegal.