Una nueva protesta contra la minería a gran escala se desarrolló ayer en la Plaza Grande frente al Palacio de Carondelet, en Quito. El acto estuvo encabezado por organizaciones sociales agrupadas en el colectivo Ecologistas en Acción.
Gloria Chicaiza, representante del grupo, indicó que se convocó a mujeres indígenas de las provincias donde se lleva actividades de tipo extractivas como explotación petrolera y donde estarán los nuevos proyectos de minería a gran escala. La activista formó parte del grupo de ocho mujeres que fueron desalojadas y arrestadas en la Embajada de China el pasado lunes.
Ella narró que permanecieron detenidas hasta las 21:30 en las celdas de la Policía Judicial y que, ante la falta de una denuncia formal de la Embajada y sin un sustento de delito por parte de la Fiscalía, fueron liberadas.
“Entramos para entregar una carta al Embajador chino pidiendo que no se firme el contrato minero con Ecuacorriente. Solo esperábamos que se nos entregue una notificación de recibido pero eso no sucedió sino luego de tres horas”.
Según ella, no utilizaron ningún tipo de violencia pero fueron arrastradas por policías desde el primer piso de la Embajada hasta el subsuelo.
Luego de varios episodios de negociaciones con los personeros de la Embajada de China, las mujeres activistas cuentan que finalmente llegó personal de la Cancillería para mediar y la Cónsul china les entregó la carta de recibido. Sin embargo, antes de que el grupo saliera del lugar llegó el Fiscal de Delitos Penales de turno, quien les indicó que estaban arrestadas por allanamiento a la propiedad privada.
La Embajada no ha presentado cargos en su contra y tampoco el grupo interpondrá una demanda contra el Estado.
La versión contrasta con lo relatado por miembros de la Policía Nacional, quienes indicaron que el ingreso de las activistas fue abrupto y violento.
El ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, rechazó el episodio al indicar que la irrupción a una embajada es violar el territorio de otro país y atropellar “el mínimo derecho nacional e internacional”.
Por su lado, el Gobierno chino, a través del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Liu Weimin, dijo que “exige a sus compañías que respeten las leyes y regulaciones locales con el fin de beneficiar a la sociedad, lo que incluye cumplir estrictamente los estándares medioambientales para proteger la ecología y contribuir al desarrollo sostenible de la economía local”.