2 de August de 2012 11:23

Nueva amenaza de Anonymous al Gobierno ecuatoriano

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El reciente Reglamento para Abonados-Clientes-Usuarios de Telecomunicaciones y Valor Agregado, que fue aprobado por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y publicado en el Registro Oficial el pasado 20 de julio sigue desatando la polémica.

Esta vez, la asociación de Internet Anonymous, que realiza protestas en la defensa de la red y a la que se le atribuye ataques hackers, difundieron un video en el que alertan al Gobierno de Ecuador por el artículo 29 del nuevo Reglamento que señala que podrá solicitar las direcciones IP de los usuarios, a los proveedores de servicio de Internet.

Ante ello, Anonymous señaló que “Ecuador está pasando por su mal momento en contra de los que piensan diferente al régimen del presidente Rafael Correa. No conforme con la clausura de los medios de comunicación y el control que aún mantiene sobre los medios de prensa que han sido incautados, ahora ha puesto sus manos en la intromisión de Internet con el fin de tomar represalia con los que estén en contra de su Gobierno; con la contratación de software que monitoreen las redes sociales y con la creación de la nueva ley con la que el Gobierno podrá rastrear e intervenir sus ordenadores con todos los que piensan diferente al régimen”.

Además, el representante de esta asociación de hackers señala que para hacerle frente a esta decisión estatal,  han decidido “iniciar la operación de Internet Sukishka, no permitiremos que el conservadurismo fascista y el conservadorismos burocrático tengan el control del Internet. No permitamos que la censura de los políticos a través de sus legislaciones perversas nos quiten la libertad que nos ofrece Internet”.

El Ministerio de Telecomunicaciones en conjunto con la Superintendencia enviaron un comunicado el pasado viernes, en el que resaltaron que “el único objetivo de este artículo es contar con información que permita tanto al ente de control, en materia de Telecomunicaciones, y a las autoridades competentes, en materia de delitos informáticos, acceder a insumos que faciliten realizar investigaciones y evitar el cometimiento de delitos, tales como pornografía infantil, fraudes financieros, estafas electrónicas y otros delitos ejecutados sobre las redes electrónicas o mediante el uso de herramientas tecnológicas, y, en los casos en los que se hayan cometido estos delitos castigar a los responsables”.

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