¿A ti también te notificaron? Era la pregunta que más se repetía en la avenida 6 de Diciembre y Alpallana, a las afueras de las oficinas administrativas de Petroecuador, en Quito, hacia las 12:00 del viernes pasado.
El sol abrasador a esa hora contrastaba con los rostros pálidos, atónitos y hasta desesperados de decenas de empleados de la petrolera estatal, quienes salían de sus oficinas llevando algunas pertenencias que habían permanecido en sus escritorios varios años antes de ser suspendidos.Los rumores en los pasillos colmaron el ambiente en la empresa la mañana del viernes, no solamente en las oficinas administrativas, sino también en los campos petroleros y las refinerías. Y tomaron forma con tres páginas firmadas por el gerente de Petroecuador, vicealmirante (sp), Manuel Zapater y de los inspectores de trabajo de Pichincha, Esmeraldas, Sucumbíos y otras.
Se trataba de dos documentos. El primero, una notificación de suspensión y pedido de visto bueno contra el empleado, y el segundo, un remitido al Ministerio de Relaciones Laborales para que se tramite el proceso de suspensión.
Para entrar en esta lista se tenía que haber cumplido con un solo requisito: tener acciones de la compañía Gasolinas y Petróleos S.A. (Gaspetsa).
Dicha empresa es una derivada de la Corporación de Ayuda Mutua (Corpam), una especie de cooperativa formada en la década de los noventa de las asociaciones de empleados de Petroecuador.
La compañía recibía un determinado porcentaje de las remuneraciones de los trabajadores de forma voluntaria. A cambio, los empleados obtenían intereses de su capital ahorrado y podían acceder a préstamos.
Pero en 1999, los socios destinaron el dinero acumulado para formar Gaspetsa, encargada de elaborar y distribuir combustible a pescadores de Esmeraldas, como prestadora de servicios para la estatal Petroecuador.
Según el visto bueno, al realizar estas actividades los empleados de Petroecuador contravenían con los reglamentos internos de la petrolera estatal y sus antiguas filiales, que prohibían que los funcionarios de la empresa presten servicios a la entidad.
“No recuerdo haber firmado un papel autorizando la creación de Gaspetsa con mi dinero”, indicó Patricia G. (nombre cambiado a pedido de la fuente), quien luego de ser suspendida de su cargo en Petroecuador se enteró de que tenía 20 acciones por USD 80.
Al edificio Cosideco, ubicado a pocos metros de Petroecuador y donde opera Gaspetsa, llegaban decenas de empleados que minutos atrás habían sido notificados. Ellos querían hablar con los directivos de la empresa.
En el interior de Gaspetsa, las secretarias y funcionarias administrativas entregaban certificaciones del número de acciones que pedían los trabajadores de Petroecuador, quienes habían sido notificados minutos antes.
“Ya sabemos que estamos botados (despedidos). Pero tenemos que defendernos”, indicó Adriana C., una funcionaria del área jurídica de Petroecuador, a quien le preocupa cómo podrá levantar una defensa certera en 48 horas para responder al visto bueno.
Dijo que no le llegó el informe de la Secretaría de Transparencia que motivó su salida, para así organizar su defensa ante el Ministerio de Relaciones Laborales.
Mientras eso pasa, los funcionarios de la estatal que todavía tienen trabajo callan. El miedo a decir lo que pasa en la empresa es lo que les impide hablar.