El proceso para verificar que banqueros ya no tengan relación con medios se enfrenta con dificultades operativas, en medio de ausencia de información oficial.
Esta vez la traba se enfoca en el elevado número de accionistas de la banca, que la Asociación Ecuatoriana de Bancos Privados calcula en más de 4 000.
Según su presidente ejecutivo, César Robalino, la dificultad reside en que la Resolución 1814 de la Junta Bancaria dispone que esos 4 000 accionistas y sus familiares más cercanos deben presentar una declaración juramentada a la Superintendencia de Bancos. En esa declaración deben señalar que no están incursos en la prohibición constitucional de que banqueros tengan participaciones o inversiones en medios masivos.
“Hay una serie de problemas prácticos. Por ejemplo, que un accionista que falleció tenga herederos que no conocen de su participación en algún medio”.
Ante estas circunstancias, semanas atrás la Asociación de Bancos Privados ya alertó a la Superintendencia de Bancos de este tipo de dificultades para aplicar la Resolución 1814 de la Junta.
De acuerdo con esa resolución, los accionistas del sistema financiero tienen hasta el 30 de octubre para presentar sus declaraciones juramentadas.
A la par de estas dificultades operativas han surgido cuestionamientos que apuntan a que el Gobierno también debería deshacerse de los 16 medios de comunicación que están bajo su tutela.
Esto, en virtud que desde el Gobierno se administran también entidades financieras, como los bancos Nacional del Fomento, del Estado, del Pacífico, entre otras. “El Gobierno es un gran oligopolio de medios de comunicación y también ha incurrido en la prohibición constitucional. Por ello lo que procede es la venta de los medios de comunicación que actualmente posee”. Ese es el criterio de Enrique Herrería, ex vocal del Tribunal Constitucional y actual legislador de Madera de Guerrero. Desde su óptica, la deficitaria redacción del art. 312 de la Constitución abre la vía para que el Gobierno tampoco pueda manejar los medios, entre los que se están los públicos y estatales.
Del mismo modo opina el analista económico Vicente Albornoz, quien considera que es pertinente que el Gobierno también cumpla con la disposición constitucional. “El problema es que dentro de la complicada y mediocre redacción del art. 312 entra cualquiera que esté relacionado con un banco. Y el Gobierno tiene el Banco Central, el Banco de la Vivienda (…)”.