El Ministro de Relaciones Laborales, en nombre del Gobierno, abrió la posibilidad de expropiar la fábrica de Continental Tire Andina, como una medida para ‘solucionar’ el conflicto laboral en la llantera.
Esa opción ayuda poco a solucionar el conflicto, pero puso contra la pared a la empresa multinacional.
La estrategia oficial no debiera causar mayor sorpresa para quienes conocen cómo negocia el Gobierno.
Antes hizo lo mismo con la operadora móvil Porta, que prácticamente fue expulsada del país al no llegar a un acuerdo en los términos que buscaba el Régimen. Algo similar sucedió con Repsol y con la constructora brasileña Odebrecht. El Gobierno advierte frecuentemente a las petroleras que abandonen el país si no aceptan las condiciones que plantea.
Al final, todas las compañías, incluida Odebrecht, han terminado aceptando lo que pide el Gobierno.
Pero en los casos anteriores, la discusión era directa entre el Estado y las empresas, toda vez que se negociaban concesiones y contratos con el Estado.
En un conflicto laboral, mencionar la posibilidad de expropiar los bienes de una empresa privada es algo impensable para un Gobierno que quiere enviar un mensaje de estabilidad jurídica para atraer la inversión extranjera.
Si bien la expropiación está contemplada en el artículo 323 de la nueva Constitución, siempre que el Estado lo decida por razones de utilidad pública o interés social, el usarlo para solucionar un conflicto laboral marcó la posición oficial para futuros casos.