El veto a la Ley de Servicio Público y la imposibilidad de encontrar una solución al paro de la llantera Continental Tire Andina son dos aspectos que en los últimos días han sido el dolor de cabeza para el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa. La postura gubernamental ha sido imponer su criterio en lugar de buscar acuerdos, lo cual ha mantenido vivos los conflictos. En el caso de la paralización de la llantera, pese a que el Ministerio de Relaciones Laborales dijo que trabajaba en la solución del conflicto entre empresarios y trabajadores, se declaró abiertamente a favor de los segundos. El pasado martes, Espinosa resaltó que los directivos de Continental tomaron decisiones discriminatorias contra los miembros del Comité de Empresa, al colocar mallas en la fábrica, y entregar camisetas especiales a los obreros que no están en paro para distinguirlos. El funcionario aseguró que estas actitudes son las que impiden llegar a acuerdos y, de esa forma, justificó la demora en la solución de este conflicto que solo este año ya lleva 73 días sin solución y ha afectado a productores de caucho, distribuidores de llantas y ensambladores de autos. Los distribuidores de neumáticos dicen que sus ingresos han caído hasta un 50% y están pensando seriamente reducir el número de empleados en sus locales porque no se justifica tener a personas trabajando si no hay productos para vender. La respuesta que les dio el Ministerio de Relaciones Laborales, en una reunión del 31 de agosto pasado, fue el compromiso para resolver el paro, siempre y cuando se llegue a un acuerdo basado en el cumplimiento de las normas laborales que la empresa se habría negado a cumplir. Se refería al incumplimiento, por parte de Continental de la resolución emitida por el Tribunal de Conciliación del Ministerio de Relaciones Laborales, para que cumpla con varios de los pedidos realizados por los trabajadores paralizados. Espinosa cree que si no se encuentra una solución extraprocesal al conflicto y si la empresa no cumple con las sentencias que emita el Tribunal de Conciliación, el Gobierno está decidido a tomar “medidas radicales”. Ayer repitió esa opción si no hay una solución en una semana.Entre las alternativas que se barajan están la expropiación de la fábrica, sustentada en el artículo 323 de la Constitución. Aunque el Ministro no dijo que se tomará esta decisión, sí reconoció que es una posibilidad. Y mientras se busca una solución los consumidores finales deben enfrentar una menor oferta de llantas nacionales y se han visto obligados a comprar producto importado a precios más altos, debido a la fijación de aranceles. Espinosa minimizó los problemas de escasez aduciendo que más del 40% del mercado de llantas es de producto importado. Mientras trata de desactivar el conflicto en la llantera, el Ministro tiene otro frente: el rechazo por parte de los burócratas al veto a la Ley de Servicio Público, remitida al Legislativo el 3 de septiembre pasado. El problema se centra en los elementos que incorporó el Régimen, entre los que está el pago con bonos del Estado a los empleados que se jubilen por retiro o por supresión de partida.El titular de la cartera de Relaciones Laborales señaló que se ha mal interpretado la Ley, y que eso ha sido generado principalmente por parte de la oposición. Ello debido a que, según él, este mecanismo de pago primero deberá ser reglamentado antes de decidir su aplicación. Adicional a ello, el presidente Rafael Correa explicó que la intención del Ejecutivo no era decir que se pagará con bonos per se, sino que un 70% será en efectivo y un 30% con papeles. Además, señaló que este mecanismo solo se usará si no existe suficiente liquidez en el Fisco. Pero a los trabajadores la idea no les convence como tampoco el planteamiento contemplado en el veto, de la compra de renuncias obligatorias en un período no mayor a 18 meses a partir de la promulgación de la Ley. Ante ello están decididos a participar el próximo jueves en una gran movilización para exigir que la Ley se mantenga tal y como fue aprobada por 108 de 124 legisladores el 11 de agosto.Sin embargo, el Ejecutivo no dio marcha atrás. Espinosa y el Presidente se reunieron con los asambleístas del bloque de Alianza País para presionar porque el veto se convierta en Ley. El Ministro hizo ayer un llamado a los trabajadores públicos para que acepten los términos estipulados en el veto. Al parecer, el escenario para resolver los conflictos ahora serán las calles.