Médicos y mineros están temerosos por grupos armados en Buenos Aires, Imbabura
Un grupo de trabajadores en las minas de Buenos Aires espera un bus en el control policial de San Gerónimo. Foto: archivo / EL COMERCIO
Las denuncias llegan a los policías de forma anónima. “¡Por favor ayúdennos!”, pide un grupo de pobladores de Buenos Aires, una pequeña parroquia de Imbabura. Para ellos, la incursión de hombres armados a esa zona genera zozobra.
Por eso evitan ser identificados, para que no se los llame “soplones”. Eso explica también por qué no existen denuncias formales en la Policía y en la Fiscalía de Urcuquí, cantón al que pertenece Buenos Aires.
“La gente nos cuenta sus problemas. Nos dicen que hay gente que se mete en sus terrenos y que no quiere salir”, asegura un agente que habló con este Diario. Otros habitantes dicen haber escuchado disparos en las madrugadas, que están cansados de las presiones y de la violencia sexual.
Los médicos que trabajan en el dispensario de salud de Buenos Aires también están preocupados. Indican que no hay seguridad para laborar y desde hace tres semanas han pedido no ingresar a la zona.
En esos días, en Buenos Aires incursionó un nuevo grupo armado, para tomar el control de las minas. Los pobladores advierten que los ilegales están armados con fusiles y que caminan libremente por el poblado y visten de civil. “Los médicos tienen pánico de trabajar en esas condiciones”, reconoce el gobernador de Imbabura, Galo Zamora.
Por eso, ahora solo entran los lunes y los jueves. Reciben resguardo militar. “Pero la población pide que la presencia (del personal de salud) sea permanente”, asegura el funcionario.
Víctor Hugo Zárate, comandante de la Policía de Imbabura, asegura que en el centro de la parroquia de Buenos Aires hay presencia permanente de los policías. Dice que ellos dan seguridad tanto a la población como a los médicos.
En esta semana, en Ibarra, la Gobernación convocará a una Mesa de Trabajo con el Ministerio de Salud para analizar la situación del poblado. Sobre todo se planificará cómo garantizar la atención médica.
Tras la llegada del nuevo grupo armado, la Gobernación también conoce que hay una constante salida de personas que trabajaban como mineros con el anterior grupo que manejaba toda la estructura.
De lo que conocen las autoridades, la gente ha preferido irse, pues aseguran que son extorsionados. Este Diario conoció que para empezar a trabajar, cada minero debe pagar a los armados entre USD 400 y 100 adicionales por semana. “Tienes que estar pagando o si no te botan”, dice uno de ellos “Solo tienes que estar al día con los pagos”, asegura otro.
En el cercano pueblo de San Gerónimo, donde existen dos controles policiales, los mineros que terminan su jornada laboral cambian su ropa enlodada por una limpia. Se asean y esperan los buses que conectan con Ibarra o Esmeraldas.
“Tenemos la certeza de que existe allá un grupo irregular. Eso pone en pánico a la ciudadanía”, indica Zamora.
Para los agentes que investigan las mafias de la minería ilegal, cada día que pasa los grupos que controlan la extracción de oro se hacen más fuertes en lo económico “y en esa especie de autogobierno que han instaurado”.
Los mineros que se han quedado construyeron casas de madera. Tienen Internet y luz, servicios que consiguen a través de conexiones rudimentarias desde la zona poblada de la parroquia. Los negocios informales que funcionan alrededor de las minas, como discotecas, bares, restaurantes tienen agua entubada.
“El dinero que se mueve acá ha financiado ese tipo de construcciones y avances”, agrega un agente. También se ha perfeccionado la extracción del oro. Ahora se procesa el mineral y se lo refina allí.
Para Zárate, la situación de Buenos Aires es un problema nacional; ha mermado la seguridad de toda la provincia y ya se sienten las consecuencias.
“La Policía hace todos los días operativos, pero las cifras no mienten”. Entre enero y marzo de este año se han registrado ocho muertes violentas en la provincia de Imbabura, mientras que en el primer trimestre del 2018 fueron cuatro homicidios, señala Zárate.
“Nadie ha visto nada, nadie sabe nada; todos prefieren callar”, cuenta un investigador que ha tratado de resolver uno de los crímenes.
Incluso existe un video, grabado con un teléfono a mediados del 2018, que muestra a los habitantes de Buenos Aires congregados alrededor del cadáver de un hombre que fue dejado en una carretilla. “Pero cuando se les pregunta, nadie sabe nada”.
En contexto
En noviembre del 2017 comenzaron a llegar a Buenos Aires cientos de personas de todo el país hasta alcanzar los 7 000 habitantes. Actualmente no hay un censo y se desconoce cuánta población queda en la zona de las minas de oro.