Hasta el viernes próximo las compañías petroleras podrán entregar sus observaciones sobre el modelo de contrato que el Gobierno envió la semana pasada.
Estas podrían incluirse o no dentro del texto base del nuevo acuerdo, que contempla el paso de la figura de participación a prestación de servicios.
En el primer modelo, la compañía extractora toma un porcentaje de la producción y el resto lo entrega al Estado. Mientras que en el segundo modelo, todo el petróleo extraído es del Estado y de ese volumen se paga una tarifa a la empresa por los servicios de extracción de crudo.
En el modelo entregado por el Gobierno consta de manera general el concepto de prestación de servicios, definiciones tributarias, la repartición de las utilidades, temas contables, el área de operación y la tarifa que se pagará a las compañías petroleras.
Este último punto, sin embargo se negociará, en un segundo momento. Es decir, el Gobierno busca que hasta la próxima semana las compañías se adhieran al modelo contractual excepto en el tema de la tarifa.
Este último punto se negociará individualmente con cada empresa según las inversiones que realicen a futuro y si hacen exploración. Mientras más sea el riesgo de la inversión, mayor será la tarifa que contempla una rentabilidad de entre el 15% y el 22%.
El ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pástor, indicó ayer que mientras se espera la adhesión de las compañías al modelo de contrato, la próxima semana iniciarán paralelamente las negociaciones de la tarifa.
Para ello se ha elaborado un cronograma de reuniones donde se dividió a las empresas en cinco grupos. Las reuniones iniciarán con la española Repsol y Sipec de Chile.
Un segundo grupo incluye a las empresas chinas Andes Petroleum, Petroriental y la norteamericana Canadá Grande.
Un tercer grupo estará conformado por Petrobras y Agip. En un cuarto grupo se incluirá a los campos marginales de las empresas Tecpecuador, Petrosud y Bellwether. Y en un quinto grupo estarán las compañías Petrobell, Consorcio Petrolero Amazónico (Suelopetrol), EDC y Consorcio Petrolero Gran Colombia (Ismocol).
Para llegar a un acuerdo, los primeros tres grupos de compañías tienen hasta el 23 de noviembre próximo, de acuerdo con la reforma a la Ley de Hidrocarburos que entró en vigencia el mes pasado.
En tanto que el plazo para las empresas de los campos marginales vence el 23 de enero del 2011. De no llegar a un acuerdo, los campos regresarán a la administración del Estado.
Pástor dijo que en los nuevos contratos las compañías podrían tener mayores plazos para operar. Actualmente vencen entre 2012 y 2023. La negociación será confidencial, advirtió.