Paulatina y calculadamente, el Gobierno -en los últimos seis meses- ha dado un retoque a su política económica. Aunque en esencia su formato de fuerte inversión pública no ha variado, sí lo ha está haciendo en su manera de trabajar para calmar la sed de dinero.
Por primera vez desde los cinco años que lleva al frente, la Administración puso como objetivo primordial bajar el ritmo del consumo e impulsar el ahorro.
El anuncio de que 400 000 familias tienen indicios de sobreendeudamiento desencadenó una serie de políticas orientadas a limitar el acceso a crédito, de formas flexibles y sin controles.
Según el analista Vicente Albornoz —en un artículo publicado ayer en este Diario— aunque el Ecuador es el segundo país menos endeudado de la región, es la única economía donde las familias están más endeudadas que las empresas, lo que demuestra que el crecimiento económico está fundamentado en el consumo y menos en la productividad.
El Régimen también ha adoptado decisiones en el sistema financiero, por momentos contradictorias, respecto de las políticas de crédito a las personas tanto de las entidades bancarias como de las emisoras de tarjetas de crédito.
Pese a que obligó la emisión de tarjetas gratuitamente y negó a las casas comerciales a emitirlas, pidió mayor control y rigidez a la hora de extender créditos.
Sin embargo, tras presentarse las últimas cifras del sistema financiero, se ve un efecto contrario al que buscaba el Gobierno: el ahorro se redujo y el crédito en general se expandió.
Por ello, las autoridades económicas están recurriendo a otras acciones para limitar el “desangre” de divisas en sus arcas.
Sobre todo, tomando en cuenta que los precios volátiles del petróleo, a escala internacional, hicieron nuevamente asustar a los hacedores de política económica, quienes aplicaron rápidamente la receta utilizada en la crisis mundial del 2008-2009.
Es decir, limitar las importaciones, de ajustar los pagos de nómina y de utilizar mecanismos como el pago con bonos a los contratistas del Estado.
A todo ello hay que sumar la amenaza de que la banca tenga que repatriar unos USD 2 700 millones del exterior y la última decisión de incrementar los saldos del Fondo de Liquidez, en el Banco Central, de las entidades financieras.
Para el analista Xavier Andrade, no hay mayor misterio en la política económica del actual Gobierno. “Cuando hay mucho se gasta mucho, aunque digan que se invierte mucho, y cuando no hay mucho, se debe buscar dinero de donde sea para financiar el gasto. Es una ecuación peligrosa, porque no se ha creado un paraguas lo suficientemente fuerte por si se viene una tormenta”.
Además, añade que evidentemente en todo este contexto habrá períodos donde no se cumplan con pagos a proveedores, contratistas o trabajadores, pero que eso es normal y pasajero, ya que al Gobierno le conviene sostener su modelo y, por ende, recurrirá a más endeudamiento, más contracción de importaciones, más repatriación de recursos, priorización de proyectos, etc.
No obstante, para la economista Daniela Racines, el planteamiento del modelo económico actual prioriza las obras y los objetivos que durante décadas estuvieron rezagados. “Había que gastar en infraestructura, en mejorar la educación, la salud, etc. Ponerse al día en ello evidentemente requirió un fuerte gasto. No sé si el modelo sea sostenible en el largo plazo, pero pienso que al menos se han corregido varias situaciones que veníamos arrastrando”.
¿Hay la suficiente liquidez en estos momentos para continuar con el nivel de gasto? Para Andrade y Racines, sí. Ambos consideran que mientras los precios del petróleo se mantengan por sobre los niveles estimados (USD 79,3 para este año), el modelo no tendrá dificultades y — salvo uno que otro problema de cumplimientos— normales en todos los países, no debería haber sobresaltos.
“¿Y si el precio del crudo cayera por debajo de USD 50, como ha manifestado el Presidente, que ese sería el límite?”, se pregunta Racines.
Irregularidades en los pagos
María Isabel G. es asesora de una entidad del Estado. No tiene nombramiento, así que recibe sus honorarios vía facturación.
Recién pudo ver sus sueldos acumulados de los últimos cuatro meses, ya que por complicaciones burocráticas, primero, y por falta de presupuesto, luego, no había podido recibir esos valores.
“Normalmente el Estado paga muy puntual, no hay problemas. Pero siempre se complica cuando los precios del petróleo caen”.
Lo mismo señala Germán P., otro servidor público que trabaja casi 15 años en el aparato público. “Siempre ha sido así. Cuando falta la plata, nos pagan con retraso o empiezan los recortes. Pienso que en este Gobierno esa situación es más evidente porque hay más servidores públicos enrolados”. Según ambos funcionarios, los problemas de pago coincidieron con las caías de los precios del crudo, en el 2008, y cuando el barril cayó por debajo de USD 80, en semanas pasadas.
En cuanto a los pagos a los contratistas del Estado, algunos han vuelto a quejarse de que se les está pagando con bonos, una figura que el Ministerio de Finanzas ya barajó antes, incluso para pagar indemnizaciones a los despedidos y jubilados.
Según las cuentas del Ministerio, a junio de este año la deuda interna, por vía de la emisión de este tipo de papeles, aumentó en USD 100 millones.
El ISD no tendrá variaciones
El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carlos Marx Carrasco, dijo a este Diario que la recaudación total en el 2012 cerrará en USD 11 000 millones.
En el Presupuesto estaban contemplados USD 10 576 millones, es decir, se estarían recaudando como USD 400 millones más.
Según su análisis, el petróleo se ha vendido a un promedio, enero-julio, no menor a los USD 90.
“Tenemos como USD 12 más por barril exportado, de manera que, para que se presenten dificultades presupuestarias, tendría que caer el precio a unos USD 50 en todo lo que resta del año. El sentido común nos dice que no caerá y que se estabilizará en el orden de los USD 80 a 90 en el año. De manera que no avizoro ningún problema en las cuentas públicas hasta fin de año”.
Añadió que con la mayor recaudación tributaria y un remanente de entre USD 800 y 1 000 millones más por los buenos precios del barril, las necesidades de endeudamiento serían menores.
Por tanto, el funcionario indicó que no está en agenda ninguna reforma tributaria.
Y, respecto de la posibilidad de que el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) suba del 5 al 8%, señaló que eso solo un rumor. “No está previsto ningún cambio tributario, peor un aumento al ISD. Más bien se ha suspendido el ISD para importaciones de materias primas para la exportación”.