Esta palabreja ha sido acuñada en medio de este estado de propaganda como un sinónimo de debate. No hay tal. Esta semana entró a la Asamblea el proyecto de Ley de Telecomunicaciones y lo que aprobó la Comisión respectiva se da por descontando que lo aprobará el Pleno.
Las observaciones de algunos sectores involucrados en el mundo de las telecomunicaciones como las operadoras no tienen mucho peso. Entre otras cosas, la reforma incorpora un pago al Estado por participación de mercado a las telefónicas, empresas de TV pagada e Internet. Cómo va a impactar esto en el negocio de las telecomunicaciones se verá más adelante.
Regularmente esta práctica de ‘socializar’ (en realidad el término castizo es sociabilizar) pero ignorar las opiniones que van en línea contraria a las propuestas oficiales genera preocupantes vacíos legales y abonan a lo que los abogados llaman inseguridad jurídica.
Aunque el caso más extremo se ha registrado en la política tributaria (10 reformas en 8 años y viene otra en camino), en estas últimas semanas se está ‘socialiazando’ un par de paquetes de reformas cruciales. Uno para los empresarios y como consecuencia para la actividad económica privada y otro para los ciudadanos que se ponen al frente de un volante, son pasajeros o peatones.
Un legislador creyó encontrar en sus propuestas de cambio a la recién aprobada Ley de Tránsito, el freno la creciente accidentalidad en las vías ecuatorianas. El Gobierno volvió a poner los ojos en el Código de la Producción que auspició hace cuatro años como la base de lanzamiento de nuevas actividades privadas, a través de un plan de incentivos.
Ni la Ley de Tránsito ni el Código de marras cubrieron las muy optimistas expectativas de los proponentes. Y sucederá lo mismo si el debate sigue encerrado en las oficinas de los funcionarios o solo pasa por los medios privados de comunicación, a los que, ya sabemos, el Gobierno nos da poco crédito.