Los nuevos cambios que se hicieron al proyecto de ley del Agua dieron tranquilidad a los camaroneros. Ya no se cobrará una tasa por usar el agua de mar ni se les prohibirá el acceso al recurso, como estaba estipulado en el texto inicial.
Ahora esperan que se aprueben las reformas en la Asamblea Nacional para seguir desarrollando su negocio. En el 2009, el sector exportó USD 540 millones y fue el tercer producto más vendido en el exterior.
Hace dos semanas, el sector se movilizó a Quito para reclamar por el proyecto de Ley. Lo consideraba como una amenaza para su futuro. Hasta lo calificaron como “la mancha verde que destruiría todas las camaroneras”.
César Monge, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, contó que el proyecto inicial era perjudicial para el sector y más para las instalaciones que se ubicaban en playas y bahías. Estas últimas, no podían utilizar el agua de mar para llenar sus piscinas de cultivos y crianza.
“Luego de las protestas se reformaron los textos y se elaboró el artículo 105 donde se elimina la prohibición del acceso al agua y se aclaró que los camaroneros no pagarán ninguna tasa por el uso del agua marina”, dijo Monge.
En la primera versión se dispuso, en el artículo 103, que ya no se otorgarán autorizaciones de aprovechamiento de agua para la cría y cultivo de especies bioacuáticas que se asienten en zonas de playas y bahías y en áreas de manglar. Este artículo dejaba paralizadas a las camaroneras ubicadas en sectores con playas. Se calcula que este tipo de instalaciones supera una superficie de 60 000 hectáreas.
En la Costa existen 175 000 hectáreas de las cuales 50 000 están concesionadas por el Estado. Todas usan agua de mar para sus piscinas que luego son tratadas para devolverlas al lugar de origen. “Era un absurdo que se cobre una tarifa por el uso del agua cuando se la devuelve”, manifestó el dirigente empresarial.
Otra actividad que no tiene afectación, hasta el momento, por el proyecto de ley es la pesquera. Rafael Trujillo, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Pesquería, aclaró que como el sector no utiliza el agua para su actividad no tendrán que pagar nada. “Solamente que se cobren por flotar en el agua, tendremos problemas. Hasta ahora no nos afecta, sin embargo sí hay poca claridad en los debates que se han dado sobre el texto”.
Trujillo señaló que los más afectados son las industrias que procesan el pescado como las atuneras, sardineras y demás. “La industria alimenticia que se encarga de procesar el pescado sí utiliza el agua por lo que deberán pagar una tarifa por eso.
Ahí, las realidades son diferentes ya que el sector productivo ocupa el último lugar de prelación para el agua”, dice.
La exportación de pescado y filetes de atún sumaron USD 231 millones en el 2009, pero la industria que procesa el pescado facturó en ese mismo año USD 723,2 millones.