Desde el 8 de marzo, cuando un puñado de indígenas inició una caminata desde el sector El Pangui, en Zamora, Ecuador, hacia Quito, una ola de protestas se han multiplicado a lo largo de la región.
La marcha, que culminó el 22 de marzo en la capital, con una masiva presencia, tenía por objetivo principal protestar contra el inicio de la minería a gran escala en Ecuador. Esto, luego de que el Gobierno ecuatoriana firmara el primer contrato de exploración y explotación, para los próximos 25 años, en el campo Mirador, con la empresa china Ecuacorriente.
Algo similar se replicó en Guatemala. El pasado martes, tras caminar 214 kilómetros durante nueve días, miles de indígenas arribaron a la capital para exigir al Gobierno el fin de la explotación minera. Agobiados por la larga caminata bajo el intenso sol del verano, unos 10 000 indígenas y campesinos, apoyados por organizaciones sociales, arribaron a la Plaza de Constitución.
“No queremos que exploten el agua, no más minerías en nuestras tierras, eso es lo que exigimos hoy y le exigimos al Gobierno que retire la minería de nuestro país”, arengaba por medio de un megáfono el dirigente del CUC Daniel Pascual, una de las más representativas organizaciones campesinas, creada finales de la década de los setentas y cuyo cofundador fue Vicente Menchú, padre de la Premio Nobel de la Paz (1992) y líder indígena Rigoberta Menchú Tum.
En Argentina, la situación también está peliaguda. La explotación minera, sobre todo a cielo abierto, es resistida en numerosas provincias argentinas, como San Juan y La Rioja, donde en las últimas semanas se hicieron marchas masivas para frenarla, con denuncias de contaminación y uso indiscriminado del agua.
La presidenta argentina, Cristina Kirchner, defendió la explotación minera de manera sustentable y amigable con el medioambiente, tal como lo hicieron los mandatarios ecuatoriano (Rafael Correa) y guatemalteco (Otto Pérez). “La minería se necesita para todo, incluso para combatir las enfermedades. Necesitamos que la sociedad tenga una actitud serena”, sentenció Kirchner.
Pero mientras estos grupos se oponen directamente a la minería a cielo abierto, otros actores en cambio defendieron estos días su derecho al trabajo, según ellos. Se trata de los mineros informales de Paraguay del Perú.
En el primer caso, la otrora apacible región de Paso Yobai, a 250 kilómetros al sureste de Asunción, se convirtió en escenario de violencia, pero también de progreso por la “fiebre del oro” , el preciado recurso que tensa la relación de los moradores del lugar con una compañía canadiense.
“Estamos sentados sobre oro. No se extrajo todavía ni el 1%”, afirmó l joven alcalde Édgar Chávez, al exhibir una piedra, sentado sobre una roca, ambas increíblemente resplandecientes.
El político, de apenas 29 años, lidera un movimiento de pobladores que reclama del Gobierno la derogación de una ley que concedió a la compañía Lampa (Latin American-Paraguay INC), subsidiaria de la canadiense Latin American Minerals Inc, la explotación del mineral.
En Perú, mientras tanto, la disposición del Gobierno de formalizar a los mineros que no lo están y acabar con los que operan clandestinamente enfrenta resistencias en Madre de Dios, que incluso dejaron en marzo tres muertos en choques con la Policía.
Más decisiones
Bolivia pretende ser el primer país latinoamericano que fabrique baterías de ion de litio con tecnología propia, proyecto financiado con fondos estatales.
En Panamá, el presidente Ricardo Martinelli, sancionó una ley que prohibe la minería en los territorios indígenas. El Congreso lo aprobó unánimemente.