El Defensor del Pueblo Freddy Carrión celebró el fallo del juez que concedió la acción de protección interpuesta por la Defensoría. Foto: Twitter / @DEFENSORIAEC
El juez Carlos Fuentes, de la Unidad Judicial Civil de Quito, aceptó la acción de protección interpuesta por la Defensoría del Pueblo para el pago de remuneraciones adeudadas por parte del Estado a los funcionarios públicos.
El magistrado ordenó al Estado el pago inmediato de las remuneraciones y beneficios de ley atrasados. Así, declaró la vulneración de los derechos al trabajo, a la vida digna, a la no discriminación, a la salud y a la seguridad jurídica de los trabajadores del sector público.
El juez dispuso que se deberán llevar a cabo ciertas medidas de reparación a los trabajadores. Ordena al presidente Lenín Moreno para que “defina con sus ministros, políticas públicas que estén apegadas a la Constitución y a los instrumentos internacionales tendientes a garantizar y efectivizar el pleno ejercicio de los derechos de las y los servidores públicos del país”, señala un boletín de la Defensoría del Pueblo.
Por otro lado, el ministro de Finanzas Richard Martínez deberá “cancelar de inmediato las remuneraciones de todas las personas que laboran en el sector público”. Además, el Estado deberá ponerse al día con respecto a las aportaciones al IESS de sus trabajadores.
Además, el juez ordenó al Ministro cancelar las remuneraciones al 5 de cada mes y exortó a que el Ministerio de Trabajo supervise el cumplimiento de esta medida.
El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, aseguró tras la audiencia que “solo así podemos construir un estado de derecho, cuando se reconocen, se tutelan y se garantizan los derechos de los miles de funcionarios públicos que permitimos que el Estado siga funcionando. Esta resolución del juez permite, no solamente que se nos pague a tiempo los sueldos y remuneraciones, sino que se permita que nuestras familias puedan contar con los recursos necesarios para el sustento diario“.
