El Isspol creó en enero del 2021 una Comisión que analiza cómo recuperar el dinero invertido. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La primera operación ‘swap’ del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) no comenzó con Jorge Chérrez.
En el 2014, un año antes de que se produzcan las inversiones irregulares por las que está procesado por supuesto lavado de activos en Estados Unidos apareció otro empresario.
Se trata de Héctor San Andrés, un guayaquileño de 59 años, presidente y accionista de Westwood Capital Market, una casa de valores domiciliada en Panamá.
Esta firma, a través de la mediación de Casa de Valores del Pacífico (Valpacífico), intercambió USD 84 millones de bonos 2015 por bonos 2024. Eso consta en el oficio OF -2014-1725-DG del Isspol, del 21 de noviembre del 2014.
Según documentos a los que tuvo acceso este Diario, en octubre del 2014, el Isspol entregó USD 70 millones en bonos 2015 y dos meses después, en diciembre, se concretó el cambio de otros USD 14 millones.
El canje por los títulos 2024 dejaba una utilidad de USD 230 000.
Los intereses que generaba la operación debían servir para aumentar la liquidez del instituto, pero la anterior administración utilizó esos valores para comprar más bonos 2024.
Es decir, el dinero esperado nunca ingresó a las cuentas bancarias. Siete años después, la actual administración no sabe si el Isspol tiene la titularidad de los bonos 2024.
Por lo tanto, no ha podido recuperar la inversión que pertenece a 70 000 policías y sus familias.
Dos cartas del 15 de diciembre del 2014 revelan las últimas pistas sobre el paradero de los títulos.
Para ese momento ya se había concretado la operación ‘swap’ entre Isspol y Westwood Capital Market. Valpacífico era la intermediaria.
Como paso final, Valpacífico envió dos comunicaciones al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale), entidad ecuatoriana que tenía la custodia de los bonos 2015 y 2024.
Valpacífico pedía que los bonos 2015 del Isspol sean transferidos de la cuenta de Valpacífico a la de Westwood.
En la segunda carta ordenaba que los bonos 2024 pasen de la cuenta de Valpacífico a la del instituto de seguridad social de la Policía. El canje se había concretado.
Pero en el 2020, cuando se detectaron las operaciones irregulares, los funcionarios buscaron esta inversión, pero no la hallaron.
La única respuesta que obtuvieron data de octubre del 2020, cuando el exgerente de Decevale, Carlos Carbo Cox, informaba por escrito que esa firma no tenía en custodia ningún título o valor a favor del Isspol.
Según la Superintendencia de Compañías, Héctor San Andrés también tenía acciones en Decevale.
Hoy esta empresa se encuentra intervenida. En los documentos que revisó este Diario se detalla que, hasta el 31 de diciembre del 2018, Westwood tenía USD 22 millones en activos en Decevale.
Otra anomalía es que los bonos 2024 son de deuda externa y, por lo tanto, se necesitaba de una custodia internacional que debía ser autorizada por la ‘Súper’ de Compañías.
Decevale no tenía este aval. Al ser una inversión extranjera se requería que estuvieran inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores, pero esto tampoco ocurrió.
Esto se evidencia en una carta del 10 de julio del 2018 de José Ibáñez, quien asumió la Gerencia de Valpacífico en ese año e hizo observaciones.
Él alertó al entonces director del Isspol, David Proaño, que los títulos 2024 no estaban en el catastro.
Sobre esta operación se pronunció Duncan Franco, procurador jurídico de San Andrés. Sostuvo: “Con Isspol no se ha realizado ninguna operación diferente a contratos de compra venta con pactos de recompra, cuyas inversiones se encuentran dentro del territorio nacional, por lo tanto no existe ningún bono desaparecido”.
También dijo que los bonos de deuda externa son emitidos por el Ministerio de Finanzas y “suponen una inversión 100% segura para los ecuatorianos, la misma que es perfectamente legal, la falta de registro en el catastro público de mercado de valores debe preguntárselo al Ministerio de Finanzas”.
Por la primera operación ‘swap’ del 2014 no hay personas procesadas. Sin embargo, el exdirector Proaño, quien la aprobó, se encuentra con arresto domiciliario desde febrero.
La Fiscalía lo acusa de un posible peculado junto con Enrique Espinosa de los Monteros y otros dos exfuncionarios. La imputación tiene que ver con una recompra de bonos en donde se invirtieron USD 216 millones.
Para el abogado de San Andrés, el único canje entre bonos 2015 por 2024 que ha hecho Westwood es con Seguros Sucre. La operación fue por USD 6 millones. En el 2020, Seguros Sucre declaró desaparecidos estos títulos.
“No existe canje alguno de bonos 2015 por 2024 con Isspol, dicha operación corresponde a una hecha con Seguros Sucre a través de Valpacífico y por la que en la actualidad se encuentra demandado el Deutsche Bank”, dijo.
El Isspol creó el mes pasado una Comisión que analiza cómo recuperar el dinero.