El reembolso puede representar unos USD 70 millones al año a favor del IESS. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La disposición legal que obliga a las empresas que brinden servicios de salud prepagada o seguros de salud a reembolsar al Estado cuando sus subscritores se atiendan en las unidades médicas de la Red Pública de Salud preocupa a este sector empresarial.
El artículo está dentro del veto parcial del Ejecutivo, enviado el 8 de septiembre del 2016 a la Asamblea, bajo la disposición general quinta a la Ley de medicina prepagada. La medida quiere decir, por ejemplo, que cuando una persona que tenga seguro privado opte por atenderse en una casa de salud del IESS o del Ministerio de Salud, la aseguradora privada deberá reembolsar el monto cubierto por la póliza menos la prima a ambas entidades.
Así, si la póliza cubre hasta USD 2 000 por una operación y esta cuesta USD 10 000 en el IESS, la aseguradora privada reembolsará los USD 2 000 ala Red Pública menos la prima correspondiente a la persona.
El reembolso puede representar unos USD 70 millones al año a favor del IESS, dijo hoy 27 de septiembre del 2016 el presidente del Consejo Directivo de la entidad, Richard Espinosa. “Estamos viendo que habían empresas que estaban participando solo de las ganancias y nosotros nos encargábamos de darles haciendo el resto del trabajo”.
Para Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), la medida es preocupante. El inconveniente se origina, dijo, por un informe actuarial del IESS, donde se anota que la utilidad del sector fue de USD 221 millones en 2014, cuando según los balances auditados de la Superintendencia de Compañías está fue de apenas 12,8 millones.
“El cálculo de utilidades se sobrestiman absurdamente al establecer que ingresos y utilidad es la misma cosa, sin considerar el elemental factor de gastos”.
Con ese informe “errado”, según la CEE, el IESS aspiraría a cobrarle a las aseguradoras privadas USD 70 millones, aunque lo único que conseguiría es sacarlas del mercado. De hecho, debido al aumento del factor de riesgo se verían obligadas a subir 50% sus actuales primas, lo que les haría perder rápidamente afiliados que se estiman en algo más de 400 000 y en un escenario de iliquidez.
Las empresas de medicina prepagada enviaron el 27 de septiembre del 2016 una carta al asambleísta Carlos Velasco, vicepresidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud de la Asamblea, que está a cargo del análisis del veto presidencial.
La Ley fue aprobada en primer debate en la Asamblea el pasado 11 de agosto.