Borrar el historial crediticio también puede limitar la evaluación de un cliente para darle crédito

Uno de los Decretos que firmó el presidente Guillermo Lasso durante su primer día de Gobierno fue el No. 33. En esa disposición legal se establece que se borre la información histórica de deudas de hasta USD 1 000 de clientes bancarios y cooperativas grandes. Para cumplir con esta disposición, el Ejecutivo dio un plazo de 60 días. Con esta medida, el Gobierno busca que las personas que, por alguna razón no pudieron estar al día en el pago de sus obligaciones, no manchen su historial de crédito y puedan acceder a nuevos créditos.

Si bien, para dos analistas económicos y para la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), el decreto busca ayudar a las familias que fueron afectadas por la crisis económica derivada del covid-19, hay aspectos que se deben considerar si se quiere alcanzar el objetivo.

La principal preocupación es que la medida dictada por el Gobierno llevará a borrar información importante de los clientes que las instituciones financieras evalúan al momento de aprobar un crédito. Asobanca explicó que desde el año 2012 no existe como tal una "central de riesgos", sino Burós de Crédito, que recaban información crediticia. Esa información se entrega a los bancos o las cooperativas para que las entidades evalúen el comportamiento de sus clientes que tienen créditos y les otorgan una calificación en función de cómo cumplan con el pago de las obligaciones.  

Esos puntajes vienen a ser como la libreta de calificaciones del colegio o la universidad donde un estudiante, cuando cumple a tiempo las tareas, recibe una buena nota. Caso contrario, la calificación es baja. 

"La fortaleza de los burós está precisamente en la potestad legal que tienen de recabar información crediticia completa y de un tiempo adecuado de una persona, lo que permite que eventos puntuales o específicos, por ejemplo, la pérdida de empleo o la caída de las ventas del negocio, no afecten la totalidad de su historial", explicó la Asobanca. 

Por ello, el gremio sostiene que, con menos información disponible, se desmejora esa determinación. "Esto podría tener un impacto en el análisis que se realiza para otorgar créditos, pues no se contaría con información completa del perfil de ese cliente. Al eliminar información, los bancos, las cooperativas y las casas comerciales podrían ver limitada la capacidad de evaluar adecuadamente a un cliente". 

Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de a UDLA, y el economista y catedrático Luis Vaca analizaron el Decreto en una radio local, este 26 de mayo del 2021.

A continuación, se recogen algunas de sus respuestas a dudas frecuentes sobre la medida.

 ¿Qué implica la medida?

Albornoz aclaró que el Decreto no elimina las deudas, como algunas personas han creído. Lo que hace es limpiar su historial de crédito. Es como “hacerles invisibles” a los deudores de menos de USD 1 000. “La deuda existe, pero ya no se va a poder usar esa información en su contra”.  

El economista Vaca agregó que borrar el historial a los deudores que, por alguna razón no han podido pagar sus créditos, es positivo, ya que pueden acceder a un nuevo crédito con más plazo y salir de la deuda anterior.  

“Lo que pasaba es que si una persona le debía al banco A y se iba al banco B a solicitar un crédito y veían su historial de crédito, le decían no le podemos prestar. Ahora ya podrá acceder a financiamiento”.  

Esta es una herramienta más para los deudores pequeños, para poder negociar con instituciones bancarias, señaló Albornoz.

¿A quiénes beneficia la medida?

Vaca explica que la medida que borrará del historial de crédito beneficia a las personas que deben menos de USD 1 000 los bancos y a las cooperativas grandes, del segmento 1 y 2.

También sales del listado de deudores, las personas que deben menos de USD 500 a las cooperativas pequeñas y quienes adeudan menos de USD 100 a las casas comerciales.

Una de las falencias que los analistas observan en el Decreto es que al borrar el historial de crédito de una persona también podría afectarles y no podrían ser sujetos de créditos, ya que no habría un documento que respalde que es un “buen deudor”, es decir que solo es un atraso momentáneo y que va a pagar la deuda como lo ha hecho en el pasado.

El Decreto les quita a los bancos y a las cooperativas una herramienta de presión contra los deudores pequeños y les da a los deudores un poco más de espacio para poder negociar sus créditos.  

“No hay salida mágica para esto. Lo que podemos recomendar a un deudor es que se siente con su acreedor, le explique su situación y le demuestre que no puede pagarles, pero quiere pagarles y, así, llegar a un acuerdo”, dijo Albornoz.

Pero aclaró que el Decreto no impide a los bancos, cooperativas o casas comerciales, incluidas tarjetas de crédito, a realizar las tareas de cobranza, cobro de intereses, etc.  

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