30 de October de 2011 00:02

Hasta tres años de prisión por no afiliar al IESS

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Prisión de uno a tres años es lo que otorga el proyecto de Reforma al Código Penal para quienes no afilien a sus trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Con ello se busca hacer realidad el pedido de 4,1 millones de ciudadanos para penalizar la no afiliación.

La propuesta, planteada por el Ejecutivo, recibió el 48% de la aprobación en la consulta popular del pasado 7 de mayo.

Un 39% restante de la población votante no ve con buenos ojos la decisión adoptada en las urnas ni la propuesta de reforma al Código Penal enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional el pasado 13 de octubre.

Entre ellos están representantes de gremios empresariales del país que creen que la sanción con cárcel para temas como estos es demasiado drástica.

“Vemos con preocupación esto. Desde el lado empresarial entramos en contacto con el IESS para que sea este quien proponga una reforma. Por ahora, debemos ver qué ocurre en el debate legislativo y esperar que el tema sea tratado con prudencia”, señaló Pablo.

Zambrano, jurista de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y representante de los empleadores ante el Consejo Nacional de Salarios (Conades).

Él recordó que ya existían métodos no penales para castigar la no afiliación del IESS. Uno de ellos es el pago de una multa del 4% del total de sueldos aportables a la entidad en el período de mora del empleador. También se concretaron convenios de pago entre el instituto y los empleadores.

En el 2009, por ejemplo, se determinó exonerar en 4% la tasa de interés aplicable para cancelar la mora patronal.

“Claro que han existido estos mecanismos, pero ha servido de muy poco. Sin embargo, debo reconocer que luego de lanzarse las campañas de derechos laborales del Gobierno y de anunciarse el tema de la penalización se han incrementado las afiliaciones. Solo en el caso de quienes forman parte de las organizaciones de trabajadores el aseguramiento ha crecido en un 50%”, explicó Pablo Serrano, titular del la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl).

A nivel país las estadísticas del IESS también muestran un crecimiento en el número de afiliados. Hasta fines el año pasado existían 1,8 millones de afiliados a escala nacional, mientras que en junio de este año (última cifra presentada) alcanzaban 2,1 millones.

Tanto trabajadores como empleadores reconocen este incremento, pero creen que a esto no se debería llegar a través de amenazas. De ahí que los empresarios se encuentran trabajando en una propuesta para el proyecto de Ley, que se encuentra en la Comisión de Justicia.

Uno de los elementos que buscarían modificar es el relativo a la duración de la pena y las sanciones pecuniarias.

El artículo 216 de la reformatoria al Código Penal establece multas de 200 salarios básicos (USD 52 800), que se aplicarán a cualquier empleador que haya incumplido con el aseguramiento de sus empleados (incluidos los del sector doméstico).

“Si alguien por omisión no afilió a su empleada le tocará pagar y no creo que todo el mundo tenga tal cantidad. Creo que hay que afiliar a la gente, pero con esto muchas personas preferirán no contratar a nadie, dijo Isabel Calahorrano, una empleada privada que está en busca de una empleada.

Las trabajadoras domésticas están conscientes de esta realidad, pero aseguran que si hoy no se esclarecen las reglas para cumplir con las afiliaciones no se lo hará nunca. Maximina Salazar, representante de la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar, señala que apenas dos de 120 personas de su gremio están ahora aseguradas y que muchas otras, al exigir su afiliación, han sido despedidas.

“Hay que cambiar esta realidad. Todos los trabajadores merecemos los mismos derechos”.


La reforma
El artículo 216 del proyecto de Reforma al Código Penal bajo el título “ Falta de afiliación al IESS”, indica:  El empleador que no afilie a sus trabajadores al seguro social obligatorio, conforme ordena la ley, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años y una multa  de 200 remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general, sin perjuicio de las demás responsabilidades y sanciones.
En el caso  del trabajo doméstico, la reforma señala que la falta será sancionada con igual pena.

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