En tres días de paralización de su producción, de dos marcas, la Cervecería Nacional ha dejado de recibir USD 4,5 millones.
Desde la tarde del lunes pasado hasta ayer dejó de sacar al mercado más de 600 000 cajas de cervezas Pílsener y Club. Estos dos productos están prohibidos de venderse por una decisión judicial, que atendió el reclamo de ex trabajadores que piden USD 90,9 millones en utilidades.
La resolución de la jueza temporal de la Niñez y Adolescencia, Piedad Calva, fue el 26 de noviembre pasado. Trece días después los gremios empresariales aparecieron dando un espaldarazo a la industria cervecera. Mientras tres ministerios (Justicia, Producción e Industrias) respaldaron a la empresa a los 12 días de la medida.
Ayer, Pablo Dávila, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, criticó la resolución a través de un comunicado. Las medidas cautelares que se establecieron “están creando un precedente muy negativo, que abre la puerta para que, en el futuro, otras compañías puedan ser objeto de acciones similares”.
Según Dávila, hay un impacto económico en el país. “Se ponen en riesgo 1 700 empleos directos y 7 000 plazas de proveedores. De igual manera, el Fisco deja de percibir ingresos”. El año pasado, la cervecera pagó USD 172 millones por concepto de impuestos al Valor Agregado, Consumos Especiales y a la Renta.
Mientras tanto, ayer en la tarde el gremio de industriales de Guayaquil también respaldó a Cervecería Nacional. Bruno Leone, presidente alterno de la Cámara, coincidió con Dávila en el aporte económico de la multinacional al país. “Este tema es muy extraño, en 48 horas se dictó una medida de tamaña magnitud y vemos que hay delincuentes que salen porque en un año no se los ha tomado en cuenta”. Según Leone, si en tan poco tiempo se tomó una decisión así, con la misma rapidez se debería arreglar el asunto. Dijo que la paralización de esta industria afecta toda la cadena de producción, distribución y comercialización de las cervezas.
El martes pasado, la Cervecería Nacional pidió la revocatoria de la resolución, pero hasta la tarde de ayer no recibieron respuesta. Si esta medida fuese aprobada, la producción y comercialización de cerveza Club y Pílsener se retomaría, según los ejecutivos.
Los ex trabajadores de la empresa que reclaman el supuesto pago de utilidades realizaron ayer un plantón frente a la Corte de Justicia Provincial, en el centro de Guayaquil. Aproximadamente, 120 personas impidieron el tránsito durante tres horas en la esquina de la 9 de Octubre y Pedro Moncayo. “Estaremos en las calles para respaldar las medidas cautelares cuantas veces sea necesario”, dijo Arturo Cervantes, representante del grupo.
Pidió al Ministerio de Justicia que investigue los balances de la empresa de 1990 al 2005, para que se constate que ellos no trabajaban para tercerizadoras, sino para firmas relacionadas.
Los negocios, preocupados
Los propietarios de tiendas y otros negocios en los que se vende cerveza Club y Pílsener están preocupados por la imposibilidad de vender estos productos.
Uno de ellos es Carlos Paredes, propietario de una bodega en el sector de La Concepción, quien asegura que en diciembre vende hasta una 10 jabas, que es el doble de lo que comercializa en condiciones normales.
Es una cantidad mínima comparada con las ventas de los distribuidores exclusivos, quienes llegan a comercializar durante este mes más de 120 docenas. Ellos resultan los más afectados por este tema debido a que no pueden vender otra bebida que no sea Pílsener o Club.
Mientras otros comercios han aprovechado el desabastecimiento de estas bebidas como gancho comercial. Este es el caso de Pizza Sport Bar, ubicado en el sector de El Dorado.
Este y otros locales anuncian con letreros la venta de las últimas botellas del licor elaborado por la Cervecería Nacional. “Al menos que compren lo único que nos queda”, dijo Magali Jiménez, dependienta de un local de comidas en los alrededores de la Asamblea Nacional.
Algunos consumidores se mostraron molestos ante la medida cautelar que impide la venta de estas marcas. Uno de ellos es Xavier Ayala, quien manifestó que las personas tienen derecho a decidir qué comprar y que es sorpresivo que se saque un producto del mercado de un día para el otro.