El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, explicó que los ajustes efectuados al nuevo proyecto de Ley busca destrabar la aprobación de las reformas monetarias. Foto: Cortesía Ministerio de Finanzas
El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) deberá decidir si califica o rechaza, por tercera vez, el proyecto de ley para la defensa de la dolarización.
El texto, enviado la mañana de este jueves 25 de marzo del 2021, es el resultado de una mesa técnica conformada por delegados del Ejecutivo y del Legislativo.
De este último participaron funcionarios de la Unidad Técnica Legislativa, quienes señalaron las “inconstitucionalidades” que tuvieron los dos proyectos anteriores.
Tras detectarlas, el nuevo texto trae dos cambios sustanciales. El primero es que se elimina la idea de que el Banco Central del Ecuador (BCE) pague un interés a los bancos privados por custodiar los depósitos por encaje bancario.
El segundo cambio es eliminar la idea de crear un Directorio para el Banco Central del Ecuador. En su lugar, el borrador propone dividir a la actual Junta de Regulación de la Política Monetaria y Financiera en dos: una Junta Monetaria y otra Junta Financiera.
Cada una de las Juntas tendrá cinco miembros nominados por el Presidente de la República y escogidos y aceptados por la Asamblea.
El Banco Central tendrá un gerente nombrado por la Junta Monetaria. Según la iniciativa legal, la Junta Monetaria estará a cargo, entre otros, de fijar las tasas de interés. La Junta Financiera decidirá sobre los temas crediticios y financieros.
Con estas correcciones, el Gobierno busca destrabar el tratamiento del proyecto de ley que, según argumenta, busca fortalecer el sistema dolarizado y dar independencia al Banco Central para manejar la política monetaria.
El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, dijo que la conformación de las Juntas, a través del consenso de dos poderes del Estado, así como los requisitos que se solicitan para formar parte son mecanismos técnicos y no políticos.
“Dicen que queremos privatizar el Banco Central. Nada de eso, queremos proteger el dinero de la gente y la dolarización en el país”, señaló.
Entre los requisitos, el texto dice que las Juntas deben estar conformadas por profesionales en Economía, Finanzas, Derecho, Administración o Auditoría.
Los miembros deben tener experiencia de al menos 10 años en funciones de dirección, administración o auditoría en entidades públicas y en ámbitos como el monetario, financiero, de seguros, de valores, organismos de regulación, supervisión o control.
Para eliminar los obstáculos que tuvieron los dos textos anteriores, Pozo comentó que el Gobierno ha dialogado con las bancadas de Alianza País, Creo, Partido Social Cristiano y asambleístas independientes. “Somos optimistas de que apruebe esta Asamblea”, dijo.
Si esto no ocurriese, Pozo señaló que el próximo gobierno tendrá que sentarse a negociar con el FMI, pues el eje de protección de la dolarización es una de las metas para gestionar la entrega del desembolso de USD 400 millones, aprobado en el programa económico con ese multilateral. Esos recursos se esperan para abril, si pasa la reforma legal.
Para Marcos López, presidente de la Junta Monetaria, el proyecto también evita que el Gobierno saque los recursos del Banco Central, como ha sucedido desde el 2008.
“Esto evita que el Gobierno cree un sistema transaccional con una moneda que no tiene respaldo, con lo cual evita que la economía tenga que diferenciar entre dólares respaldados y dólares no respaldados”.
Al prohibir estas operaciones, dijo, se fortalece la dolarización. Mauricio Proaño, asambleísta correísta, opina todo lo contrario. Dice que la próxima Asamblea debería tramitar el proyecto.
Pero si llegara al Pleno votará en contra, porque el texto prohíbe que el BCE inyecte liquidez en la crisis y porque el objetivo final es privatizar el banco.
“Eso de las Juntas son temas de forma. Lo de fondo es que cierra la opción de que lo público pueda tener dinero”.