El Régimen mantiene su posición de que la compra de renuncias obligatorias es para depurar el sector público. La más reciente defensa a su tesis apareció el domingo 20 de noviembre en una cadena nacional. Allí cinco ministros hablaron de la necesidad de renovar el sector público y se difundieron críticas a quienes cuestionan el proceso.
La separación de profesionales en el sector de la salud ha sido uno de los puntos más polémicos. Muchos de los especialistas despedidos en Quito, Otavalo, Santa Elena y Guayaquil tenían calificaciones altas: un promedio de 90 puntos sobre 100. Los cuestionamientos provienen del Foro de Salud Pública, gremios médicos y pacientes.
En la transmisión del domingo, el Régimen aprovechó el espacio para refutar afirmaciones del doctor Milton Jijón, quien ha reprochado su despido.
Esta cadena se unió a la transmitida el domingo 30 de octubre, dos días después del inicio del despido de funcionarios de la burocracia. En esa ocasión la entonces ministra Coordinadora de la Política, Doris Soliz, indicó entre las causales de compra de renuncia de los trabajadores los actos de corrupción en varias entidades. También se relacionaron los despidos con mala atención al usuario e ineficiencia.
Soliz, en un comunicado del 01 de noviembre, agregó otras razones: “no cumplen los perfiles para las funciones que están desempeñando, las funciones no están adecuadas al nuevo perfil de las instituciones, las partidas han sido suprimidas o, en algunos casos, las acciones de los funcionarios están reñidas con la ética”.
Otro punto cuestionado por sectores gremiales ha sido la selección de los funcionarios despedidos. En una entrevista con EL COMERCIO el 03 de noviembre, el ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, explicó que las autoridades de cada institución hicieron un análisis de su personal. “Si usted le pregunta a un servidor patriota le dirá la verdad, le va a decir que la gente que trabajaba al lado suyo estaba en algo medio oscuro, que trataba mal a la ciudadanía, etc.”.
El ministro David Chiriboga afirmó el 09 de noviembre que se han despedido a 110 médicos de un total de7 600 que laboran a escala nacional. “El número de despedidos ha sido realmente mínimo. La gran parte de los servidores públicos desvinculados del Ministerio de Salud, fue personal administrativo, un total de 650 personas desvinculadas”.
El Ejecutivo ha anunciado que los nuevos funcionarios serán contratados a través de concursos de méritos y oposición. En la cadena del 20 de noviembre, el ministro Espinosa reiteró que las vacantes que fueron dejadas por las personas desvinculadas, como prefieren llamarlas, no todas van a ser llenadas, sino solo aquellas que se necesite y a través de un “estricto” concurso de méritos y oposición.
El Gobierno busca la compra de renuncias desde el 2010
02/07/2009. El presidente Rafael Correa remitió a la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público (Losep). El texto pasó a la Comisión de los Trabajadores para su análisis.
29/09/2010. La Losep es aprobada en medio de incidentes. Los legisladores no aceptaron la propuesta de compra de renuncias obligatorias.
Noviembre 2010. En este mes empezó la desvinculación de servidores públicos que tengan más de 70 años. Se analizaba cómo aplicar la compra de renuncias obligatorias.
07/07/2010. Se emite el Decreto 813 que establece la compra de renuncias obligatorias. Despiden a empleados del Ministerio de Finanzas y la Corporación de Telecomunicaciones.
28/10/2011. El Gobierno inicia la aplicación del Decreto 813 en entidades de la función Ejecutiva y Judicial.
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