Gobierno buscará la contribución de los más ricos y la eliminación del impuesto a la herencia
Atención a contribuyentes en las oficinas del SRI, ubicadas en el norte de Quito. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El Gobierno de Ecuador prevé anunciar este miércoles 8 de septiembre del 2021 los detalles del nuevo acuerdo económico que alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El presidente Guillermo Lasso dijo el lunes que el Gobierno anterior había negociado incrementar los ingresos tributarios en unos USD 2 500 millones, pero que su administración ha hecho una mejor negociación, para que la meta no sea de esa magnitud. Este Diario conoció que ahora el esfuerzo será de entre USD 700 millones y 800 millones.
El Mandatario ha dado ya detalles de algunos lineamientos de esa reforma tributaria al señalar que buscará combatir la evasión de impuestos y “lo que es más justo”, que “los que más tengan más paguen y asuman el costo de la vacunación y la pandemia por el covid”. Descartó que esto último pase por un aumento de los impuestos a la renta o al valor agregado.
Este Diario conoció que se trataría de una contribución temporal, que para muchos es una especie de tributo temporal a los más ricos.
Pero el Presidente también ha señalado que eliminará el impuesto a la herencia. “El más modesto de los ecuatorianos es dueño de un terrenito, es dueño de una casa, es dueño de un barco pesquero, es dueño de una finca. ¿Y qué es lo que quiere? Que el esfuerzo de su vida llegue a sus hijos, no al Estado“, dijo.
El impuesto a las herencias se estableció en 1927 por medio de la Ley de Herencia, reformada en el 2008, cuando se modificó la tasa impositiva.
Ecuador está dentro de los siete países que más porcentaje de impuesto a la herencia cobra en el mundo, de acuerdo con un escalafón de PwC. Según el reporte, el porcentaje más alto que actualmente se cobra por ese tributo lo tiene Francia, con 60%.
En Ecuador, el tributo se grava a las herencias, legados y donaciones. Si un heredero o beneficiario recibe un monto a partir de USD 72 090,01 debe pagar un impuesto progresivo desde 5% y que llega hasta el 35%, cuando el monto recibido es superior a USD 865 113.
El aporte del impuesto representa apenas el 0,2% de la recaudación total del país. En el 2020, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó USD 24,37 millones por este impuesto, con lo cual se ubica entre los de menor recaudación.
El abogado Napoleón Santamaría consideró que aunque la recaudación es mínima, este tributo cumple con un objetivo de distribución de la riqueza, para que las personas que tienen más ingresos puedan contribuir al Estado, sobre todo cuando han recibido un patrimonio sin inversión directa.
El experto cree que “políticamente es difícil de vender la eliminación de este tributo, ya que nadie en la Asamblea se va adherir a quitar algo que golpea a las clases pudientes”.
Pero para el organismo no gubernamental estadounidense TaxFoundation, muchos países han reconocido que este tipo de impuestos es una mala fuente de ingresos, los costos de control son altos y, por eso, lo han eliminado.
Otro problema es la tramitología, pues incluso quienes no llegan a los montos previstos deben cumplir con el papeleo del SRI para el control de las declaraciones, señaló el experto Carlos Licto.
Bustos cree que el bajo monto recaudado se debe a problemas de evasión del tributo. Por eso, dice que el debate debe ir más bien por la discusión de un impuesto al patrimonio o contribuciones para los más ricos.
De hecho, el FMI ya había propuesto que las personas y multinacionales que han registrado altas rentas deberían hacer una contribución temporal, para atender los gastos de la pandemia por el covid-19.
Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, cree que una contribución así o un impuesto al patrimonio es “quitarle dinero del bolsillo a los ciudadanos” para financiar el alto gasto público, lo cual repercutirá en menor consumo, producción e inversión.
Manuel González, profesor de la Espol, considera que una contribución especial única para los más ricos es necesaria y explica que los segmentos de riqueza más altos tienen una muy baja propensión a consumir, por lo que el pago de este tipo de tributo para los más ricos afecta poco o nada en la demanda agregada, pero si el Gobierno no puede financiarse eso sí incide en la economía.
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