Gobierno acepta que no puede demostrar la corrupción en los despidos

La falta de argumentos técnicos por el despido de 2 700 burócratas puede pasarle la factura al Gobierno. El presidente de la República, Rafael Correa, al justificar la medida implementada a finales del mes pasado, señaló ayer  que “hay corrupciones evidentes, pero que no se pueden demostrar. Tenemos que actuar”.

Si no se puede demostrar algo evidente, las demandas legales que han emprendido cientos de servidores públicos que fueron separados pueden tener éxito en las instancias legales.

Freddy Carrión, abogado laborista, señaló hoy en Radio Visión que una acusación de actos de corrupción se debe tramitar a través de sumarios administrativos, sin ninguna indemnización. No se puede generalizar la corrupción en los servidores públicos, pues el propio Presidente ha dicho que no decir la verdad completa es una forma de corrupción. En ese sentido, los despidos bajo esa justificación es “ilegal y además es inhumano”. Alabó que se trate de mejorar el servicio público que tiene demasiadas falencias, pero eso no quita el hecho que se tenga que hacer un debido proceso para que las personas que salgan de la función pública lo hagan adecuada o legalmente.

Por su parte, Marcelo Solórzano, presidente de la Confederación de Trabajadores del Sector Público, cree que lo prudente hubiera sido que se eleve a sumarios administrativos a los servidores de carrera. Existen 36 causales para destituirlos.  El proceso de separación de funcionarios públicos ha carecido de objetividad y se ha dado sobre un sinnúmero de suposiciones que al final aparecen validas.

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