Cinco funcionarias de la Unidad Financiera del Ministerio del Ambiente fueron detenidas la noche del jueves pasado por un supuesto desvío de fondos de USD 5,4 millones de la entidad hacia 40 cuentas bancarias privadas.
La información fue difundida en un inicio por el Ministerio de Finanzas. Mediante un comunicado de prensa, el ministro del ramo, Patricio Rivera, dio a conocer que se detectó que en las cuentas del Ministerio del Ambiente y otras dos dependencias del sector público (no detalló cuáles) se identificaron desvíos de fondos por más de USD 5 millones solamente en este mes.
“Los sistemas y procedimientos de control establecidos para las finanzas públicas determinaron que, haciendo uso doloso de claves de usuario en el sistema informático del Estado, se dispusieron de estos recursos”, señaló el comunicado.
La misma noche del jueves, la Fiscalía de Pichincha realizó un allanamiento en las dependencias del Ministerio del Ambiente, y ahí detuvo a cinco funcionarias que laboraban en la Unidad Financiera de esa entidad, por supuestamente hacer transferencias no autorizadas a 40 cuentas bancarias privadas, según informó Alexey Hoyos, fiscal a cargo del operativo.
En un segundo comunicado, la Fiscalía General dio a conocer que las funcionarias detenidas fueron llevadas a la Policía Judicial, donde se realizó la audiencia de formulación de cargos por el delito de apropiación ilícita de bienes. Además, como medida cautelar se solicitó la prisión preventiva contra las servidoras.
Según fuentes de la entidad, las cinco personas fueron trasladadas al Centro de Rehabilitación de Mujeres en el sector de El Inca al norte de Quito.
Las primeras diligencias de la Fiscalía determinaron que el perjuicio en contra del Estado sería de USD 5,4 millones, cantidad que fue transferida paulatinamente en el transcurso del mes de mayo. Lo cual habría sido posible porque las servidoras manejaban las claves del Sistema Integrado de Gestión Financiera (ESigef), que permite hacer transferencias directas desde el Ministerio de Finanzas a los distintos proveedores del Estado y demás compromisos.
Dentro de la instrucción fiscal, que durará 30 días, se investigará a quién o quiénes pertenecen estas cuentas y desde cuándo se realizó el desvió de fondos.