El Servicio de Rentas Internas (SRI) emitió, en abril de 2021, la resolución NAC-DGERCGC21-00000019 que permitirá a las industrias cervecera y tabacalera elegir y contratar directamente con terceros, los sistemas de trazabilidad para el control fiscal. Francisco Mandiola, experto chileno en transformación estratégica y consultor de la Asociación Internacional de Estampillas Fiscales (ITSA), explica los principales impactos que tendrá la medida en Ecuador.
¿Qué es una estampilla o una etiqueta fiscal?
Es una marcación que puede ser identificada por un lector, para revisar si el producto ha pagado o no impuestos. Esto lo aplica el Servicio de Rentas Internas a través de un sistema para frenar el contrabando, falsificación o venta de productos robados. En Ecuador se aplica a productos gravados con el impuesto a los consumos especiales (ICE), como cigarrillos, cervezas y bebidas.
¿Qué efectos tendrá que diferentes proveedores oferten servicios de trazabilidad?
La dificultad para fiscalizar por parte de una entidad de control. Según las mejores prácticas internacionales, los gobiernos privilegian la contratación de los sistemas de marcación y trazabilidad fiscal con un solo proveedor especializado y que es ajeno a los intereses de las industrias a controlar. Lo que hace esta nueva medida es que empresas licoreras y de cigarrillos ahora tengan la facultad de contratar a proveedores para que les fabriquen “su propia estampilla fiscal”. Cuando eso ocurra, se volverá muy difícil reconocer la veracidad de un producto y su legalidad, porque habrá muchas en el mercado y esto derivaría en que la elusión aumente.
¿Cuál sería otro efecto?
El aumento del contrabando y la falsificación. Los propios consumidores tendrán la falsa seguridad de comprar en una tienda un producto que tiene una estampilla, que quizá no sea 100% legal. Se puede dar inicio, también, a una especie de negocio para la venta de estos sellos falsificados. Será muy difícil identificar la veracidad de las estampillas, porque existirá más de una en el mercado.
¿Por qué será difícil?
Porque los mismos fiscalizadores deberían tener una guía para identificar las diferentes características de los sellos y un lector para cada tipo. Eso es casi imposible; un policía, por ejemplo, tendría que tener en su oficina o portar en su vehículo unos 20 o 30 lectores para verificar cada sello.
Entonces, ¿esta medida iría en contra de la lucha y las acciones contra la evasión fiscal?
Totalmente. Este cambio de modelo representa riesgos que podrían volver ineficaz el control y la fiscalización de los productos sujetos al impuesto a los consumos especiales (ICE). Se atenta a la recaudación del Estado. Además, lo que se hace con esta medida es tentar a que se evadan impuestos. Si la gente no evadiera impuestos no existirían fiscalizadores en ninguna parte del mundo.
¿Se debería derogar la resolución?
Sería lo más recomendable, para evitar la existencia de un conflicto de interés de graves proporciones. Aquí existe un tema de presión por parte de las industrias cerveceras y tabacaleras. Es un tema polémico que se concretó días antes de la entrada del nuevo gobierno (de Guillermo Lasso); ahora, la nueva administración debe analizar que esto puede ser perjudicial para las arcas fiscales y darle la vuelta. Más aún, si existe de por medio la lucha contra la corrupción, evasión y se desea lograr una recuperación en la recaudación tributaria a escala nacional.
Si no se deroga, ¿cuál sería una alternativa?
Que exista una etiqueta universal, aunque esto no eliminaría el problema. Si bien varias empresas realizarán el trabajo, se brinda al menos una alternativa de facilitar el control.
Hoja de vida
MBA por la Universidad de California en Irvine y estudios sobre política internacional por la Universidad de Essex en Inglaterra. Socio principal de Fmacorp, una firma de asesoría estratégica que ayuda a la adaptación de entornos digitales y comerciales.