Las relaciones entre la banca y la Fiscalía se tensaron aún más ayer, luego de que el presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, César Robalino, volviera a cuestionar la obligación de devolver el dinero a los afectados por delitos informáticos.
El pasado viernes se venció un ultimátum de la Fiscalía para que se den dichos pagos, que sumarían alrededor de USD 3 millones. Pero Robalino señaló la medida como una “monstruosidad jurídica”. Por ello el Fiscal, Washington Pesántez, aseguró que la Fiscalía iniciará procesos penales por desacato a los bancos que no cumplan con la disposición.
Además, dijo que “la banca privada decente y honesta está pagando, he hablado hace unas horas con Antonio Acosta, gerente del Banco Pichincha, y ellos están pagando”.
Unas 1 600 denuncias han sido presentadas en la Fiscalía por clientes afectados, quienes perdieron de USD 1 a 2 000 deben recibir la totalidad, y quienes perdieron entre USD 2 001 y USD 10 000, el 80%.