Los últimos fallos de la Corte Constitucional (CC) sobre minería metálica generan preocupación en la industria, mientras los moradores de la zona de influencia lo miran como un logro.
El pasado enero, la Corte dio paso a una consulta popular en el Distrito Metropolitano de Quito sobre minería metálica, tanto artesanal, como pequeña, mediana y a gran escala en Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, parroquias rurales del noroccidente, que pertenecen a la mancomunidad del Chocó Andino.
Mauricio Reyes, coordinador de la Red de Jóvenes, señaló que este primer paso ya es una ganancia para la comunidad. Están conscientes de que aún hay un proceso que seguir, para que finalmente la consulta se realice en 2023.
Reyes recordó que el Chocó Andino fue reconocido por la Unesco como la séptima reserva de la biosfera, en 2018. En el sitio hay 12 concesiones mineras inscritas y otras siete están en proceso de trámite. La afectación sería de unas 17 000 hectáreas de territorio.
“Nosotros no queremos minería. Tenemos alternativas sostenibles de desarrollo, como turismo de investigación y emprendimientos enfocados a temas de sostenibilidad”, señaló Reyes.
Asimismo, el mes pasado la CC declaró la nulidad de las 52 concesiones mineras por la vulneración a los derechos de la naturaleza y a la consulta previa en el territorio Cofán, tras una demanda de la nacionalidad por no haber sido consultada sobre dichas concesiones en su territorio, en Sucumbíos.
En diciembre de 2021, la Corte también declaró la vulneración de los derechos de la naturaleza por la actividad minera en el bosque Los Cedros, en Cotacachi, Imbabura. La sentencia prohibió realizar actividades extractivas en el lugar. Ahí se halla una parte del proyecto minero, que comprende las concesiones Magdalena 1 y 2. La acción de protección fue propuesta por el GAD Municipal de Cotacachi.
Para la Cámara de Minería del Ecuador (CME), estas sentencias amenazan la seguridad jurídica del país y ahuyentan a las inversiones, ya que se prohíben actividades extractivas donde el Estado ya otorgó concesiones mineras.
Además, estas decisiones exponen al país a una serie de contingencias por arbitrajes internacionales, en los que históricamente pierde el Ecuador y debe pagar millones de dólares.
Estos contingentes nacen de las inversiones realizadas por empresas mineras que no podrían ser devengadas, según el estudio de minería en el Ecuador, de Spurrier.
María Eulalia Silva, presidenta de la CME, señaló que la minería responsable es una aliada para la conservación. “La minería no puede ser vista con esta falsa dicotomía de que o progresamos o destruimos el ambiente. Nos han hecho creer que tenemos que escoger entre oro y agua. Esto es una falacia”.
Como ejemplo señaló a Fruta del Norte, la primera de dos minas industriales que hay en el país. Está ubicada en Zamora Chinchipe y entró en operaciones en 2019.
Según datos de la CME, entre 2015 y 2019, en la etapa de construcción de esta mina, Yantzaza, cantón de influencia directa, fue el de mayor crecimiento de empleo formal, tuvo un ritmo de crecimiento del 20%, frente al 2% del promedio nacional.
Para Fernando Benalcázar, exviceministro de Minas, una de las grandes dificultades que tiene la minería es la falta de una ley de consulta previa e informada.
La Constitución establece la necesidad de una consulta previa a las comunidades del área de influencia de un proyecto minero.
En la Asamblea hay tres proyectos de ley de consulta previa. Dos no fueron calificadas y una tercera fue ingresada el pasado 10 de febrero, por el asambleísta Luis Segovia. “Si no hay ley seguiremos en este círculo vicioso de utilizar la falta de una norma como el pretexto para parar proyectos mineros”, dijo Benalcázar.
A pesar de que ha existido minería en el país desde hace siglos, como industria es nueva. Actualmente hay dos minas industriales en explotación desde 2019.
Las exportaciones mineras cerraron 2021 con un récord histórico de USD 2 092 millones, cifra que es 99% mayor a lo exportado en 2020, según el Banco Central.
Las tres realidades de la actividad minera en el país
Diego Ortiz. Redactor (I)
En un Ecuador que tiene claras intenciones de abrirse a la minería, las reacciones de las comunidades que viven cerca de estos yacimientos todavía son muy heterogéneas. Rechazo, aceptación e ilegalidad son los tres escenarios que barajan a diario las empresas y el Gobierno a la hora de anunciar nuevas exploraciones o explotación de recursos.
La legalidad les abrió nuevos empleos
El proyecto Cascabel es uno de los diamantes de la corona minera en el Ecuador. Ubicado en Imbabura, sus enormes reservas de oro, plata y cobre lo convierten en unos de los depósitos más grandes a escala global. Y es esta magnitud lo que ha cautivado a las personas de las parroquias Lita y La Carolina, para quienes se ampliaron sus perspectivas de trabajo tras la llegada de la concesionaria SolGold.
Hasta antes del descubrimiento del depósito, la perspectiva laboral -para quienes en verdad se quedaban allí y no emigraban a las grandes ciudades- era la agricultura. Con la llegada de la minería, varios pueblos que estaban en la marginalidad y a punto de desaparecer han vuelto a recobrar vida; esto, impulsado por los empleos ofertados por la minera. La circulación de dinero en la zona ha permitido que se reactiven proyectos turísticos y agroecononómicos.
Uno de estos emprendimientos que nacieron como efecto de la minería responsable fue Golden Miel. Jennifer Padilla cuenta que SolGold ayudó a la Asociación Femagro, con capacitaciones de apicultura. Ahora, sus 11 socios cuentan con medio centenar de panales, con productos que son entregados a la empresa y también comercializados en la zona.
Para Padilla, la minería se convirtió en un respiro para los bolsillos de una comunidad que enfrentaba problemas de liquidez.
Pero no todos siempre están de acuerdo
Uno de los primeros recuerdos de la adolescencia que tiene Zenaida Guachagmira es haber luchado en contra de la presencia minera en Íntag, en Imbabura. Ella creció en un entorno que por al menos medio cuarto de siglo se ha opuesto a la minería en la zona, algo a lo que ahora también se enfrentan varias comunidades, debido a la presencia de la concesión minera Llurimagua. La principal preocupación es la contaminación del agua.
La comunidad científica también ha estado muy pendiente de lo que pasará con Llurimagua. Desde 2016, científicos han realizado análisis de la flora y fauna. Andrea Terán Valdez, bióloga y coordinadora de proyectos del centro Jambatu, cuenta que apenas han podido explorar cerca de un 10% de la zona que sería intervenida, con resultados alentadores: hallaron una especie nueva de rana y también redescubrieron otro anfibio declarado extinto.
A mediados de febrero de este 2022, los representantes de las comunidades de Íntag volvieron a manifestar su negativa a la explotación minera, luego de que un juez fallara en contra de una acción de protección con la que buscaban que se respetase su derecho a la consulta ambiental.
Los dirigentes esperaban que la sentencia de la Corte Constitucional en el caso del bosque Los Cedros, en la que se garantizaron los derechos de la naturaleza, sentara un precedente para que se cuide la zona de influencia directa e indirecta de Llurimagua.
Frente a todo esto, Guachagmira cuenta que dentro de las comunidades todo es muy claro: la minería podría traer problemas para la estabilidad de su ecosistema, un riesgo que no piensan tomar.
La ilegalidad, una amenaza constante
Cuando habla del caso Yutzupino, Sylvia Villacís, especialista de la fundación EcoCiencia, no disimula su asombro. Ella forma parte de un proyecto de análisis de imágenes satelitales que evidencian las amenazas de la minería en la Amazonía y, para su sorpresa, en aproximadamente tres meses la fiebre del oro en esta zona de la provincia del Napo dejó una estela de deforestación de 70 hectáreas de selva, con graves afectaciones a los ecosistemas cercanos.
En esta parte del país, la minería ilegal logró articular un aparataje de más de 120 excavadoras que destruyeron al río Jatunyacu. Tras un reciente operativo, las autoridades aseguraron que la inversión en maquinaria ascendería a unos USD 16 millones.
Marcelo (nombre protegido) cuenta que la vida en las comunidades cercanas se ha vuelto un caos por esta actividad. “Muchos esperan días para poder regresar y nuevamente excavar, mientras, los demás tememos porque el río ha perdido su forma y ya no podemos ofrecer actividades recreativas. Los turistas tienen miedo de llegar a un lugar donde te reciben con armas”, cuenta.