La Corte de Justicia ratificó el dictamen a favor de 16 comunidades waorani. Foto: Cortesía Amazon Frontlines
En el bloque 22, ubicado en la provincia de Pastaza, no se podrá realizar ninguna actividad petrolera, según la decisión de la Corte Provincial de Pastaza. Pese a esto, el Gobierno informó el pasado viernes 12 de julio de 2019 que esta medida no generará una afectación a la producción de crudo.
La Corte de Pastaza resolvió el 11 de julio pasadodesestimar la apelación del Ministerio de Ambiente y la Procuraduría, y ratificó la sentencia de primera instancia a favor de 16 comunidades waorani, que se emitió el 26 de abril pasado.
Es decir, la Corte Provincial de Pastaza reiteró que en el 2012 el Estado no realizó una consulta previa adecuada. Por esta razón, se hizo un llamado para que las autoridades encargadas de realizar estos procesos se capaciten. Y, también, se sancione a los funcionarios que promovieron este procedimiento anteriormente.
Además, este ente judicial ratificó que el Gobierno no podrá realizar ninguna actividad de licitación, exploración o explotación de hidrocarburos en las 180 000 hectáreas que conforman el bloque 22.
Lina María Espinosa, abogada defensora de las comunidades waorani, mencionó que en esta zona el Estado no podrá promover esta actividad extractiva, incluso, si se hace una nueva consulta previa. “Los waorani ya han decidido que no quieren explotación de petróleo en su territorio”.
En este caso, debido a que se trata de una comunidad de reciente contacto, su consentimiento es obligatorio para promover la actividad petrolera, precisó Espinosa.
Esta sentencia, sin embargo, podría ser analizada en otra instancia. Fernando Santos, abogado petrolero, mencionó que el Gobierno podría recurrir a la Corte Constitucional. Pero aún no se conoce qué decisión se tomará al respecto.
Desde el Ministerio de Energía se informó que se está analizando esta sentencia, para determinar qué tipo de acciones legales se pueden ejercer.
Este Diario consultó también al Ministerio del Ambiente y a la Procuraduría, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuestas.
Por su parte, la abogada defensora de los waorani enfatizó que si se presenta un recurso legal (acción extraordinaria) ante la Corte Constitucional, que es la última instancia en el país, no se podrá anular la sentencia ni modificarla.
Pese a este escenario, el Gobierno aseguró que este dictamen “no afecta, por ningún motivo, la producción petrolera del país”.
El bloque 22, ubicado en el centro Oriente, no se encuentra asignado a ninguna firma petrolera. Tampoco está considerado para ser parte de ningún proceso licitatorio ni se han iniciado procedimientos para incluirlo en futuras rondas petroleras (ver gráfico).
Incluso, en esta área petrolera no se ha determinado una cantidad “razonable” de reservas de crudo, refirió Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Petroleros de Pichincha.
Por este motivo, Reyes precisó que no se puede definir cuál es la producción diaria estimada en el bloque 22 ni su impacto en la economía nacional, ante una eventual explotación.
De actividades realizadas cerca del bloque 22, en los años 70 y 80, se conoce de manera previa que en esta área hay acumulaciones de crudo pesado en pequeñas o medianas cantidades. Bordean los 50 millones o 100 millones de barriles. “No son volúmenes económicamente atractivos”, dijo.
En total, Ecuador tiene 8 000 millones de barriles de reservas recuperables, según un informe de British Petroleum.