El fallo final sobre el caso Oxy llegará esta semana a la Procuraduría General del Estado. La defensa del país se ha venido preparando en el campo jurídico, aunque no hay recursos para afrontar un pago si la decisión no es favorable.
El conflicto entre la petrolera estadounidense y el Estado ecuatoriano lleva algo más de seis años, aunque en un principio se había calculado cinco años.
El procurador General del Estado, Diego García, señaló ayer que este viernes llegará el fallo final. El tribunal que lleva adelante este proceso había informado que emitiría su fallo final en agosto pasado. Luego amplió el plazo por 60 días más, el cual vence el próximo 9 de octubre. Sin embargo, García dijo que la Secretaría del Tribunal le comunicó que el fallo llegaría este viernes 5 de octubre.
La decisión que tome el tribunal, que se maneja bajo las reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, por sus siglas en inglés), podría afectar a la liquidez del Fisco, aunque eso dependería del monto de la indemnización que pudiera establecer el tribunal arbitral a favor de Oxy.
En el peor escenario para el país, Finanzas tendría que desembolsar la totalidad de los recursos que demanda la petrolera al Estado ecuatoriano, es decir, unos USD 3 370 millones.
Esa cifra presentó Oxy el 23 de julio del 2007, cuando planteó la demanda ante el Ciadi.
Lo anterior supone que el tribunal acepte todo lo que dijo Oxy, es decir, que la caducidad de su contrato fue ilegal y que hubo una expropiación de sus bienes en Ecuador, lo cual generó pérdidas cuantiosas a la empresa. Pero incluso en este escenario, la defensa del Estado ha planteado una serie de descuentos. Solo por la aplicación de la Ley 42, que prevé el pago de un porcentaje de los ingresos petroleros extraordinarios, se descontarían USD 900 millones.
Este escenario es uno de los tres que maneja la Procuraduría.
En el otro extremo, también probable, el tribunal arbitral pudiera decidir que lo actuado por Ecuador fue totalmente legal, que el país no es responsable por la declaratoria de caducidad y, por ende, no debe indemnizar con ningún valor a Oxy.
El último escenario es intermedio, y contempla que el tribunal diga que la caducidad del contrato a Oxy fue legal, pero que la sanción aplicada por el Estado ecuatoriano a Oxy fue desproporcionada. En este sentido, el país tendría que indemnizar a la petrolera. En este caso, lo que estaría por definirse sería el monto.
Ecuador ya se viene preparando para este escenario y redujo al mínimo las aspiraciones de la petrolera estadounidense.
Según los cálculos de la Procuraduría, y en el caso no consentido de que el tribunal fallara a favor de Oxy, “dicha indemnización no debiera superar los USD 417,3 millones”, frente a los 3 370 millones que quiere Oxy.
Una cifra intermedia pudiera ser la valoración que pidió el tribunal arbitral el 11 de marzo del 2011. En esa fecha pidió a dos peritos que, con base en una metodología, determinaran el “valor justo de mercado” del bloque 15. Los expertos lo establecieron en USD 2 361 millones, monto que fue impugnado por Ecuador.
En todo caso, sea cual fuere el valor, el Estado ecuatoriano no ha provisionado ningún valor para afrontar un eventual pago a Oxy. De hecho, no consta en el presupuesto del presente año.
La política del Gobierno ha sido destinar todos los recursos disponibles en inversión. Los ahorros que tenía el país en los fondos petroleros (Feirep y Feiseh) se han gastaron, al igual que los ingresos generados por el bloque 15.
Fechas clave
15 de mayo 2006
El ministro de Energía, Iván Rodríguez, declara la caducidad del contrato de exploración y explotación de hidrocarburos del Bloque 15 con Oxy.
17 de mayo 2006
Se inicia el arbitraje planteado por Oxy, luego de la caducidad del contrato. Por esto, se suspenden las negociaciones del TLC con EE.UU. en el gobierno de Alfredo Palacio.
2007
El presidente Rafael Correa asume el poder y desconoce al Ciadi para resolver la demanda de Oxy. Ecuador no designa a sus árbitros.
30 de junio 2010
Audiencia fijada por Washington, donde se prevé que termine la etapa de daños. El procurador Diego García, acudió por Ecuador.
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