Tres factores explican el incremento del desempleo en Quito
Imagen referencial. La tasa de desempleo en Ecuador alcanzó el 4,6% en marzo del 2019 según datos del INEC. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Durante 12 años, Christian Morales fue funcionario del Ministerio de Finanzas en Quito, hasta que el 11 de marzo fue separado de la institución, pese a tener un nombramiento.
El pago de la liquidación de Morales no demoró más de una semana y se lo hizo bajo la figura de compra de renuncia. Pero desde entonces ha enviado hojas de vida a diferentes lugares, sin obtener una respuesta.
“Conseguir trabajo en el sector privado está muy complicado”, comenta Morales y asegura que las limitadas opciones laborales que existen ofrecen bajas remuneraciones.
En la capital fue donde más se incrementó el desempleo. Entre marzo del 2018 y el mismo mes del 2019, la tasa pasó del 7,8% al 9,7%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esto significa que el cantón registró 21 948 nuevos desempleados, aunque se debe indicar que por ser una encuesta este número no es exacto.
El INEC atribuyó este martes 16 de abril del 2019 a tres factores este deterioro del mercado laboral. La primera es que del total de nuevos desempleados, la mitad (unas 11 000 personas) corresponde a personas que se incorporaron por primera vez al mercado laboral y no hallaron un empleo.
La segunda es que otras 6 000 personas perdieron su trabajo en el sector privado y, finalmente, otros 3 000 dejaron de laborar en el Estado.
De acuerdo con David López, jefe técnico de la Cámara de Comercio de Quito, la economía no crece lo suficiente para absorber la demanda de empleo en la ciudad. “Es un año que comienza con cifras de crecimiento económico y de exportaciones más lento”, dijo.
Las tres principales actividades económicas en Quito son: manufactura, sector inmobiliario y administración pública, en ese orden, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).
La Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores ha alertado de las decisiones de empresas de remover a empleados en este año. Según ese gremio, se desvincularon 125 trabajadores de una ensambladora de autos de Quito. Además, cerró una empresa hormigonera.
A esto se suma, dijo López, que la actividad económica en Quito está estrechamente ligada a la administración pública en donde también hubo importantes recortes.
No existe una meta específica de cuántas personas más deberán ser removidas del Estado, aunque hasta ahora son 11 000 en todo el país. Los recortes se harán según las necesidades de cada institución, explicó el lunes pasado Fabián Carrillo, viceministro de Finanzas
Daniel Muglisa, experto en cartografía, trabajó por más de un año en el Ministerio de Trabajo, con un contrato de servicios ocasionales que venció en diciembre del 2018.
Firmó un nuevo contrato por tres meses y en marzo pasado fue separado de sus funciones definitivamente.
Al igual que Morales, dedica su tiempo en hallar un nuevo empleo; sin embargo, el panorama no es alentador. “Voy a insistir unos meses más buscando en el sector público, porque en el privado no es frecuente que requieran un perfil como el mío”, comenta Muglisa.
Como un plan alternativo no descarta dedicarse a la construcción u otra actividad que le genere ingresos.
Gabriel Recalde, director del Centro de Estudios de Política Laboral, y Andrés Mideros, exsecretario Nacional de Planificación y Desarrollo del gobierno de Lenín Moreno, consideran que conforme avance la reducción del tamaño del Estado la situación se profundizará y traerá consigo mayor deterioro de las condiciones laborales e incertidumbre de la economía.
Uno de esos efectos, acota Recalde, ya se observa en el crecimiento de la categoría llamada “Otro empleo no pleno”, que en el país escaló en 1,5 puntos en el último año y tiene repercusiones sociales.
Los expertos añaden que si los empleos adecuados se reducen y aumenta la informalidad afecta directamente a varios aspectos, como la Seguridad Social, ya que pierde aportaciones.
Al no estar cubiertas por un seguro médico, las personas desempleadas o en la informalidad se ven obligadas a buscar atención en la red de salud pública, lo cual presiona más a las arcas fiscales. Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresaria Ecuatoriano (CEE), plantea como alternativa que el Municipio de Quito se encamine por alianzas público privadas.