En noviembre del año pasado, María Natividad Guerra, de 73 años, se quedó repentinamente en el desempleo. Y sin indemnización.
Por esos días, recibió un documento en el que oficialmente se le notificaba que tenía hasta el 30 de ese mes para dejar su puesto como conserje de la biblioteca general de la Universidad Central. Ella estaba en la categoría de personas que debían jubilarse forzosamente, según lo que establece el artículo 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).
[[OBJECT]]La norma, vigente desde el 6 de julio del 2010, establece la jubilación obligatoria para los burócratas mayores de 70 años y el retiro voluntario, a partir de los 60. Estos son dos de los cuatro mecanismos dentro de la Losep para recortar personal en el Estado.
Estos procesos eran desconocidos para María Natividad, de estatura pequeña y cabello cano, quien cuenta sollozando que esperó hasta el último día de trabajo a ver qué pasaba. Entonces comprendió que no había marcha atrás, pues le comunicaron que en diciembre ya no pertenecería al rol de empleados de la entidad.
“Fue una impresión tan fuerte que me dio un ‘shock’ y tuvieron que ingresarme en el hospital del IESS por 15 días. Al salir de la Universidad pensé que en algo compensaría la indemnización que me tenían que pagar, pero no contaba con lo que pasaría”.
El artículo 81 establece que los mayores de 70 años que se jubilen recibirán, por una sola vez, una indemnización de cinco salarios básicos (USD 218 para el 2010) por cada año de servicio, a partir del quinto año de trabajo y hasta un máximo de 150. Para el pago debían hacerse las reformas presupuestarias, siempre en función de la disponibilidad fiscal.
Sin embargo, María Natividad no ha recibido un solo centavo. Ella laboró 25 años y le corresponden USD 22 890.
Pero este no es un caso aislado. Según José Villavicencio, vicerrector administrativo y financiero de la Central, 44 personas salieron por ser mayores de 70 años. Aunque para Catalina Aulestia, presidenta de la Asociación de Empleados, habría otras 30 personas afectadas por la norma.
Ambos concuerdan en que los pagos no se han concretado: Finanzas no ha asignado los recursos, aseguran. Villavicencio ha remitido a Finanzas, desde octubre del 2010 hasta el 16 de junio, seis cartas pidiendo USD 5 millones para pagar las indemnizaciones pero no han recibido respuesta.
Lo mismo ha ocurrido con los fondos para pagar la compensación a los empleados que se inscribieron para retirarse de forma voluntaria, que suman USD 12 millones. Cerca de 60 personas habrían oficializado el año pasado su voluntad de salir y este año se sumarían 150 más, de acuerdo con la Asociación de Empleados.
Uno de los trabajadores que realizó el pedido, quien pidió no ser identificado, laborará hasta que se asignen los recursos. “Quiero salir, pero no puedo. Me dijeron simplemente que en este momento no hay plata”.
En este caso el trabajador sigue percibiendo su sueldo. No corrieron la misma suerte los servidores de otros entes estatales, quienes se acogieron al retiro voluntario; salieron de sus puestos y aún no les dan su dinero. En esa situación estáÉdgar Carillo, médico nefrólogo de 60 años. Trabajó 30 años en el servicio público, 25 de estos en el hospital Enrique Garcés.
La Losep, en su artículo 81, establece también que las personas que se acogen al retiro voluntario deben recibir una pensión igual a la de quienes se retiran forzosamente. Aunque en el artículo 287 del Reglamento a la Ley se detalla que el dinero se podrá cancelar el 50% en bonos y el otro 50% en efectivo, dependiendo de la disposición presupuestaria.
A fines del año pasado a Carrillo le dijeron que no había presupuesto para indemnizarle. Esperó hasta abril del 2011 para tomar una decisión. En esa fecha le advirtieron que había la posibilidad de que no le pagaran porque no tenían presupuesto, pero exigió su jubilación. Aún no sabe cuándo le pagarán.
Una experiencia similar enfrenta Serbio Alejandro, quien laboraba en la Defensoría del Pueblo de Loja. Él pidió su retiro voluntario en diciembre pero todavía no recibe su indemnización por 30 años de servicio en entidades públicas. En la Defensoría, que fue su último trabajo, no respondieron al pedido de este Diario para esclarecer su situación.
La respuesta del Gobierno
Estos testimonios sorprendieron en el Ministerio de Finanzas. Según sus técnicos, para este año se presupuestó USD 140 millones para pagar las indemnizaciones de todos los procesos de retiro de empleados. Hasta hoy se han transferido USD 10 millones.
Además, aseguraron que sí hay el dinero, pero que probablemente los ex funcionarios deben cumplir con ciertos requisitos antes. Y eso lo tiene a cargo el Ministerio de Relaciones Laborales.
Al respecto, el ministro Richard Espinosa aclaró que las personas solo deben salir cuando se les cancele su indemnización. Y si son obligadas a renunciar deben denunciar el caso en las oficinas de Relaciones Laborales.
Espinosa indicó que el Estado tiene un fondo de USD 160 millones para cancelar las indemnizaciones para este año de la función Ejecutiva y los docentes. Se priorizará la entrega de compensaciones para quienes se jubilen de manera forzosa.
El resto de funciones, los gobiernos autónomos y las universidades deberán cancelar los haberes con sus recursos propios. Para sacar a alguien deben tener fondos.
El Ministro no reveló cuántos funcionarios salieron en el 2010 ni qué monto se destinó para su pago. Entre ellos está María Natividad –quien vive de su pensión del IESS de USD 250 – y sus compañeros, quienes se reúnen dos veces a la semana para analizar y poner en práctica acciones para que les cancelen su dinero. Entristecidos dicen que necesitan el pago para cubrir deudas, gastos diarios e incluso para montar emprendimientos para sustentarse.
El Gobierno dice que busca generar estos últimos procesos a través de módulos de motivación y administración de finanzas personales. Aunque los jubilados de la Central y Carrillo aseguran que nunca recibieron los cursos.
Donde, al parecer, sí se han impartido estos talleres es en el Ministerio de Agricultura. Según un boletín de prensa, hasta junio de este año se llevaron a cabo siete talleres (cinco en Quito, uno en Ibarra y otro en Otavalo) en los que participaron 250 servidores.
En noviembre del año pasado, cuando se iniciaron los procesos de desvinculación de trabajadores del sector público, se estimaba que 1 337 trabajadores saldrían como parte de la reforma institucional y que contaban con el dinero para el pago: USD 29 millones.
En la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), según el dirigente Juan Carlos Rueda, unas 300 personas se habrían inscrito para pedir su retiro voluntario pero solo existiría presupuesto para 50 funcionarios.
Para acogerse al mecanismo deben enlistarse y la entidad deberá enviar la planificación al Ministerio de Relaciones Laborales. Luego, se debe remitir los listados de las personas que saldrán el año que viene por retiro voluntario o jubilación obligada a Finanzas para que se incluyan dentro del presupuesto del 2012.
Actualmente se desconoce el número de servidores públicos a escala nacional que han salido en 2010 y 2011 por los dos mecanismos, así como el presupuesto total para pagar los haberes.
El sigilo con que se maneja el tema, así como la forma en que han sido tratados quienes se acogieron a la jubilación y el retiro voluntario, han sido tratados por las asociaciones de servidores públicos.
02 de jul. del 2009
El presidente Rafael Correa remitió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Servicio Público. El texto pasó a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para su análisis.
29 de sept. del 2010
Los legisladores debatieron en la sesión el veto a la Losep. La votación se dividió en mociones. Se aprobaron las renuncias voluntarias, jubilación pero no la compra de renuncias obligatoria.
2010 – 2011
La Ley entró en vigencia en octubre del 2010. En noviembre empezó la desvinculación de burócratas. El Reglamento de la Ley salió en abril del 2011 y en julio el decreto de compra de renuncias.