En un año se podrá conocer la forma cómo se distribuirán las áreas concesionadas a los camaroneros. Es decir, se definirá el límite de hectáreas que el Estado entregará en concesión a los productores.
Hace dos semanas, un decreto puso como límite hasta 250 hectáreas por empresa, pero fue rechazado por el sector ya que hay compañías que tienen hasta 5 000 hectáreas.
El pasado viernes se reformó el decreto y se dispuso que se realice un estudio técnico para determinar la extensión que se necesita para que una empresa produzca con eficiencia y compita en el mercado internacional.
José Centanaro, subsecretario de Acuacultura, sostuvo que el estudio servirá para determinar el máximo de extensión que requiere una compañía para ser rentable y el número de camaroneras que tienen concesiones.
“Las 250 hectáreas que se puso como máximo no es un dato técnico. Por eso, ahora, con todos estos cambios e inversiones del negocio vemos que esa área ya no es suficiente para ser rentable. Ahora, este estudio nos dirá qué área es la máxima y puede ser de 600, 1 000 o hasta 5 000 hectáreas”.
Esa propuesta fue aceptada por el gremio camaronero. César Monge, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, dijo que la idea es que se determine qué extensión es suficiente para que las empresas sean rentables como sucede en Brasil, Nicaragua y Tailandia. “Para ser competitivos se necesita ahora de una economía de escala y eso implica grandes extensiones, inversiones y productividad”.
El conflicto se genera porque seis empresas camaroneras concentran más de 30 000 hectáreas de las cuales cerca del 40% son concesionadas.