La constitucionalidad de derogatoria de la reforma t…
El polvo de los escombros sigue afectando a Cocotog
Pico y placa en Quito: Restricciones para este jueve…
Estos temas marcaron la jornada noticiosa de este 30…
Joselyn S., única detenida por el caso María Belén B…
180 000 aves se sacrificarán como parte del protocol…
Dos fallecidos y 30 desaparecidos por deslizamiento …
Colombia permite licencia de adopción para parejas h…

España entra en septiembre con subida del IVA y recortes en sanidad

La subida del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy el pasado julio entrará en vigor mañana sábado junto con nuevos recortes que negarán el acceso a la sanidad pública -salvo urgencias- a los extranjeros que no contribuyan a las arcas estatales españolas.

A partir del fin de semana, en toda España resultará más caro ir al supermercado, a la peluquería, al cine o al dentista, mientras que las facturas de la luz y el teléfono llegarán ya en septiembre con una tasa de IVA mayor, aunque el consumo sea anterior a este mes.

Gracias a la polémica medida, que podría provocar una nueva contracción en el consumo privado en medio de la de por sí difícil situación económica en el país, el gobierno prevé recaudar 2.300 millones de euros (2 900 millones de dólares) adicionales este año.

El gasto medio adicional por familia se estima en entre 400 y 600 euros anuales, mientras España vive la peor crisis económica de su historia reciente con niveles de desempleo récord. El mismo Rajoy defendió sin embargo esta semana la medida asegurando que "la realidad es la realidad" y que el aumento en los impuestos es necesario para contribuir a la consolidación presupuestaria.

El IVA reducido, que afecta entre otros al transporte, la hostelería, la cesta de la compra y la factura de la luz, subirá del ocho al 10 por ciento. Sin embargo, la mayor subida se producirá en los productos y servicios que a partir de mañana dejan contabilizarse en el tipo reducido para pasar a tributar en el IVA general, que aumenta a su vez del 18 al 21 por ciento.

Así, por ejemplo, la entrada del cine o la visita al peluquero pasará de tributar un ocho a un 21 por ciento, una subida de 13 puntos. La medida afecta entre otros al teatro, los eventos deportivos, conciertos, parques de atracciones y museos, además de la asistencia médica dental o los servicios de limpieza.

El tipo superreducido del IVA seguirá en el cuatro por ciento para alimentos de primera necesidad, los libros o los periódicos. Entre los sectores más afectados se encuentra el de la cultura y el entretenimiento. Unas 4 000 empresas del mundo del cine, el teatro o los conciertos dirigieron una carta al presidente del gobierno en el que estimaron que la medida provocará 43 millones de espectadores menos en las actividades culturales, se perderán más de 4 000 empleos y cerrarán el 20 por ciento de las empresas.

Numerosos comercios anunciaron que no aplicarán por el momento la subida del IVA para luchar contra la probable caída en el consumo que podría traer consigo. Cadenas textiles como Mango, H&M, Benetton y Pronovias, y supermercados como Mercadona, Eroski o Lidl se adhirieron a la acción. También la petrolera Repsol comunicó que asumirá la mitad de la subida del coste del IVA, que pasa del 18 al 21 por ciento para los combustibles.

También a partir de mañana, el Ministerio de Sanidad anulará la tarjeta sanitaria de los inmigrantes en situación irregular y de todos los extranjeros que no cotizan a la Seguridad Social. Igualmente dejarán de estar asegurados los españoles que no hayan cotizado nunca y vivan de rentas por más de 100 000 euros al año.

Los extranjeros que no consten como residentes en España sólo tendrán asistencia sanitaria de urgencia por accidente o enfermedad grave, embarazo y parto, si bien los menores de 18 años recibirán los mismos servicios que el resto de los españoles. Según estimaciones oficiales, la medida dejará sin acceso a la sanidad a al menos 150.000 inmigrantes indocumentados. No obstante, ocho regiones autónomas españolas han anunciado que seguirán prestando la misma atención a dichas personas.

La nueva ley generó también un movimiento de objeción de conciencia entre los médicos. Para los extranjeros sin permiso de residencia que padecen enfermedades crónicas, España garantizará la continuidad de la atención, pero pasará la factura a sus respectivos países de origen.