Solo en la Función Ejecutiva se reportaron 133 entidades hasta febrero del 2018, según datos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). Foto: Archivo / EL COMERCIO
El Gobierno anunció como uno de los ejes de su plan la reducción del tamaño del Estado, con una optimización del gasto y del número de entidades.
Solo en la Función Ejecutiva se reportaron 133 entidades hasta febrero del 2018, según datos de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades). El abanico de entidades oficiales es amplio, pero el mayor número de instituciones lo componen 23 ministerios, 22 empresas públicas, 15 institutos e igual número de agencias de control.
Aunque la información de la Senplades detalla que en los últimos 10 años se han eliminado 126 empresas, se han creado 22 y se han transformado 111, el actual Gobierno cree que se debe hacer un esfuerzo mayor.
El plan aún no se conoce, pero el Gobierno dijo que se cerrarán siete empresas públicas. La ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, anticipó que en la lista están: Cementera Nacional, Fabrec y Enfarma.
Esta semana se emitió, además, un Decreto para reestructurar al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) que pasará a ser un servicio adscrito a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senescyt). El Decreto establece que los servidores con nombramiento del IEPI conservarán sus derechos, pero los de contratos de servicios ocasionales podrán pasar a la nueva entidad “en función de las necesidades e intereses institucionales”.
Y el presidente Lenín Moreno hizo un llamado de austeridad a otras entidades que no son de la Función Ejecutiva.
Para José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), es positivo que el Gobierno reconozca que necesita reducir el tamaño del Estado. Sin embargo, explica que es necesario que junto con esta medida se planteen normas fiscales más estrictas para controlar el crecimiento del gasto. “En Chile, por ejemplo, el gasto no puede crecer más de lo que crece anualmente la economía”.
Añade que el plan debe enfocarse en suprimir entidades que no cumplen funciones prioritarias o que tienen duplicación de funciones, entre ellos, menciona el Instituto de Saberes Ancestrales, el Instituto Espacial Ecuatoriano, la Secretaría Técnica de Juventudes, el Consejo de igualdad Intergeneracional o el Instituto Antártico Ecuatoriano.
El Instituto Espacial, por ejemplo, hasta febrero tenía 129 empleados y, según el Presupuesto estatal, en el 2018 se le asignó USD 1,9 millones para salarios. En esta entidad, los funcionarios del nivel más alto ganan USD 20 112 al año. La asignación total para esta entidad es de 4,2 millones. “Se puede hacer un recorte mucho más ambicioso. No solo se reduciría el gasto en sueldos, sino en pago de alquiler de oficinas, mantenimiento y otros”.
El presupuesto de las entidades del Sector Público No Financiero (SPNF) del año pasado fue USD 38 208 millones, un 38% del PIB. En el 2008 el gasto era del 35% del PIB.
El SPNF comprende los entes de las cinco funciones del Estado, municipios y prefecturas, universidades, empresas públicas y la seguridad social.
El economista Jaime Carrera considera que la meta de reducción de USD 1 000 millones anuales en estos gastos “es insuficiente”. Sostiene que el gasto del SPNF debería reducirse como mínimo al 30%.
“El recorte del gasto debe estar en la supresión de partidas y contratos que no requieren indemnización; es decir, los contratos ocasionales, consultorías y otros. Aunque en el Decreto de austeridad del año pasado se planteó eso, en la práctica no hubo resultados”.
El Gobierno debe hacer un análisis de la eficiencia de los funcionarios y de los niveles salariales. “Se pueden reducir los sueldos del jerárquico superior, del que más gana”.
Para el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, el ajuste plantea un reto debido a que, de los USD 9 600 millones presupuestados para sueldos en el 2018, el 80% es para pagar a empleados del sector de la salud, educación y seguridad. “Para ahorrar USD 1 000 millones deberíamos recortar 53 000 partidas de funcionarios y hay complicaciones, se puede optimizar, pero no en grandes magnitudes”, consideró.
