Las instituciones del sistema financiero privado deberán ajustar sus estrategias para cumplir con la resolución JB-2011-2383, del 19 de diciembre, que la Junta Bancaria emitió para obligar a que colocasen un monto mínimo de créditos para la vivienda.
En la regulación, que regirá desde enero, el órgano de control estableció una fórmula para calcular el porcentaje de su cartera de créditos que deberán cumplir cada año las entidades: “La relación entre el promedio del volumen del crédito para la vivienda de los tres años anteriores a la fecha de cálculo, frente al patrimonio técnico constituido del último mes del año de la fecha de cálculo”.
Por esta fórmula técnica, las entidades financieras se encuentran delimitando los montos que le correspondería cumplir a cada una. Según la Superintendencia de Bancos, en el 2011 los 26 bancos privados registraron una cartera bruta en vivienda de USD 1 325 millones, mientras que a noviembre del 2012 ese valor ascendió a USD 1 384 millones.
Para el analista Mauricio Pozo, esta resolución de la JB significa meter a las instituciones financieras en un saco de fuerza.
“Los bancos se ajustan de acuerdo con las necesidades del mercado. Estos saben en qué circunstancias dar el crédito, a quién le prestan, en qué proporción, etc. Pero obligar a que esto sea bajo un parámetro es un error. Lejos de ayudar van a complicar la actividad del sector”.
¿Por qué? Pozo explica que no todas las instituciones tienen especialistas en créditos de vivienda, por lo cual la resolución es un contrasentido. “No pueden (las autoridades) empezar a dirigir el crédito. Pero si ahora se van a asignar porcentajes, mejor es entregarles la llave. No recuerdo que esto haya sucedido antes”.
Alfredo Vergara, ex superintendente de Bancos, también cuestiona la resolución de la JB. Según el especialista, un Gobierno debería dar directrices generales, pero no determinar actividades específicas y particulares privadas. “Ahora se los obliga a dar créditos de vivienda. Esto va a significar problemas para las entidades bancarias y todo nace del desconocimiento de los burócratas de Quito, que no saben cómo funcionan las cosas en el sistema financiero”.
Por su parte, la asesora financiera Isabel Díaz explica que esta decisión ya era conocida y que durante todo este tiempo las entidades financieras han venido trabajando en ello. Sin embargo, asegura que el proceso no será tan fácil para las entidades que no tienen como nicho de mercado esta actividad. “Hay instituciones donde la línea de negocio es el microcrédito, por ejemplo. A ellas les impactará mayormente, ya que deben dar un giro a su negocio para poder cumplir”.
Por tanto, tal como lo vaticinó la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), se prevé un 2013 con mayor ajuste para la actividad financiera, habida cuenta de que desde enero también empezará a aplicarse la Ley de Redistribución del Gasto Social (décima reforma tributaria).
Otras regulaciones
Desde enero, las instituciones financieras ya no podrán reducir hasta el 10% del Impuesto a la Renta. La excepción se daba
si reinvertían sus utilidades.
Además, la tarifa al Impuesto a los Activos en el Exterior de los ecuatorianos subirá del 0,084% mensual al 0,25%. Y al 0,35% si está en paraísos fiscales.
Los bancos pagarán como Anticipo al Impuesto a la Renta el 3% de los ingresos gravables del ejercicio anterior. Hasta ahora se aplicaba una fórmula de cálculo.
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