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Empresas prevén impacto en su operación

El sector floricultor ha tomado medidas ante el impacto económico del covid-19. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El sector floricultor ha tomado medidas ante el impacto económico del covid-19. Foto: Archivo / EL COMERCIO

El sector floricultor ha tomado medidas ante el impacto económico del covid-19. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Una afectación en la liquidez de las compañías es lo que gremios empresariales creen que traerá la contribución para personas jurídicas, que planteó el Gobierno, como medida ante los impactos de la pandemia por covid-2019.

La noche del viernes 10 de abril del 2020, el ministro de Finanzas, Richard Martínez, indicó que se creará un fideicomiso humanitario y de reactivación productiva”, que se constituirá con la contribución del sector privado: 1 474 empresas con utilidades de más de USD 1 millón y personas naturales que reciben un salario mensual.

En el primer caso se cobrará un 5% sobre una base imponible del monto mayor entre utilidad gravable y aquella a distribuir, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, en tres pagos mensuales.

Solo se aplicará el cálculo con base en los resultados del 2019 para las sociedades que se hayan constituido en ese año.

El Gobierno presentó una tabla en la que se establece cómo se hará la contribución, de acuerdo con las utilidades de las empresas. Esta medida se incluirá en un nuevo proyecto económico urgente, que debía llegar este sábado a la Asamblea; hasta el cierre de esta edición, aún no ingresaba.

Con la nueva contribución, el Gobierno busca recaudar USD 516,9 millones, que se sumarán a USD 695 millones, por nueve meses de pago, de los asalariados. Se destinarán para pequeños productores.

Carlos Licto, analista tributario, explica que se trata de un impacto fuerte tomando en cuenta que las empresas ya pagaban la denominada Contribución Única Temporal, que se estableció dentro de la Ley de Simplificación Tributaria. Esta norma establece que las sociedades que hayan generado ingresos gravados iguales o superiores a USD 1 millón en el 2018, pagarán un aporte único, con base en una tabla, en 2020, 2021 y 2022.

Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), explica que las empresas deben sostener su operación, pagar salarios, cumplir sus obligaciones con la seguridad social, cancelar a proveedores, etc., y con un nuevo aporte no tendrán la liquidez suficiente para todo ello. “Por último, la contribución la podrían pagar las empresas que se encuentran operando. No se puede pretender cobrar más a compañías que en este momento no tienen ningún tipo de ingresos, ya que se encuentran paradas”.

En varias ocasiones, el ministro de la Producción, Iván Ontaneda, indicó que el 70% de las empresas en el país está detenido y el 30% ha seguido laborando, aunque no todas en su capacidad completa.

Un análisis del impacto de la contribución de las empresas que hizo la CCQ muestra que los sectores más afectados por la nueva contribución serán el de comercio, las industrias manufactureras, la explotación de minas y canteras, entre otras.

Para actividades como la producción y exportación de flores, que ya venía afectada por el paro de octubre pasado, este momento era necesario que se inyecte liquidez en la empresa, mas no recortarla. Su situación es compleja debido al cierre de mercados internacionales debido a la pandemia.

Actualmente, el sector trabaja, en cuanto a volumen de producción, solo al 12,3% en relación con el año anterior. En valor, la cantidad es menor.

Esta área ha tomado medidas entre las que están mantener los cultivos sanos y aplicar la figura de fuerza mayor. Esto último ha permitido que puedan trabajar solo con el personal necesario para lograr que las fincas sigan activas y que, en su momento, las plazas de empleo vuelvan a abrirse.

Para Alejandro Martínez, presidente de Expoflores, es necesario bajar el exceso de regulaciones y de tributos a pagar. Mientras que Alarcón considera que es necesario diferir el pago de aportes patronales como salida o crear un fondo de salvataje con dinero proveniente de multilaterales.

Otras propuestas son suspensión de pagos de servicios básicos empresariales, agilidad y reducción de trámites, financiamiento más ágil, etc.

Pablo Arosemena, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, manifestó que “las medidas ponen en riesgo a todas las empresas. Una firma que cierre implica menos empleos”.

Mientras que Henry Yandún, vocero del Colectivo Constructores Positivos, mencionó que la intención de cobrar un aporte a las personas que ganan más de USD 500 asfixia al propio personal de las empresas y, de esta forma, la productividad de las mismas.

La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi) está preocupada por su situación actual. “La cadena de pagos se ha roto. No vendemos, pero tampoco cobramos cuentas pendientes, porque nuestros clientes y proveedores están con las mismas dificultades”, describió Gustavo Ruiz, presidente.

El viernes, el Gobierno aseguró que sí hay medidas de apoyo al sector privado como nuevas líneas de crédito; marco legal en materia laboral que permite llegar a acuerdos con los trabajadores con relación a pagos y suspensión laboral, diferimiento de impuestos, que incluye una nueva reforma laboral; refinanciamiento en banca pública y privada, etc.

También anunció que para que las personas naturales puedan consultar cuánto deben pagar como aporte, el Servicio de Rentas Internas (SRI) habilitaría en su página web una calculadora. Se tenía previsto que se instalara ayer.

Hasta el cierre de la edición no constaba dicha aplicación.

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