En las oficinas de servicio al cliente de Humana, en el norte de la capital. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO
La Comisión de Salud de la Asamblea prevé reunirse este miércoles, 5 de octubre, para tratar el veto del Ejecutivo al proyecto de Ley de Medicina Prepagada.
El principal cambio sugerido por el Ejecutivo apunta a que aseguradoras y empresas de medicina prepagada reembolsen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o al Ministerio de Salud cuando los afiliados que tengan seguros privados opten por la red de salud pública. La medida genera preocupación entre las empresas del sector.
Por ejemplo, si una persona tiene un seguro privado que le cubre hasta USD 5 000 y opta por un hospital del IESS para realizarse una operación que cuesta USD 15 000, la empresa de medicina prepagada deberá reembolsar al Seguro Social los USD 5 000 de la póliza menos el deducible. Estas empresas privadas también deberán reembolsar al Estado si los afiliados son derivados por la red pública a hospitales privados.
El IESS calcula que recibirá de aseguradoras y empresas de medicina prepagada unos USD 70 millones al año por este concepto.
El reembolso generará un hueco financiero de USD 63,4 millones al año en el sector, según cálculos de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Prepagada (Aeemip). Y eso no contempla el pago al Ministerio de Salud, que aún no está cuantificado.
Para Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), esa disposición podría liquidar al sistema. La medida se basa en un informe actuarial del IESS que, según Aspiazu, “equivocadamente” anota que el sector generó utilidades por USD 221 millones en el 2014, cuando de acuerdo con datos de la ‘Súper’ de Compañías fueron 12,8 millones en ese año y USD 19 millones el año pasado.
La sobreestimación de utilidades en el informe del IESS se da por una subestimación de egresos, pues solo se consideran los gastos prestacionales (reembolsos al afiliado) y no los gastos médicos, financieros, el pago a trabajadores, etc.
Además, el informe incluye a empresas que no son parte del sistema como laboratorios, dijo la Aeemip en remitido publicado el domingo en varios diarios del país.
El vicepresidente de ese organismo y asambleísta de Alianza País, Carlos Velasco, indicó que la información presentada por la Asociación debe cotejarse con el informe del IESS. La Comisión tendrá que elaborar un informe no vinculante para luego analizarlo en el Pleno. Velasco sostuvo que la decisión tendrá “la consigna de garantizar el acceso a los servicios médicos en el país”.
Richard Espinosa, presidente del Directorio del IESS, justificó la medida al señalar que hay muchos casos de afiliados que pagan primas privadas, pero se hacen atender en el IESS. “Las empresas privadas solo se estaban haciendo cargo de las ganancias y el IESS les daba haciendo el trabajo”.
Sin embargo, según la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Prepagada, no se considera que su participación en el mercado “ha permitido aliviar la presión en el sistema de salud público”.
El asambleísta de oposición, Luis Fernando Torres, comenta que la medida es discriminatoria, pues si ocurre lo contrario; es decir, si un afiliado del IESS se hace atender en la red privada, el Estado no le reembolsa a la aseguradora.
“Se está tratando de que el IESS y Ministerio de Salud saquen ventaja, cuando deberían reconocer que tienen problemas para cumplir con la atención de salud”.
Las empresas analizan, además, la base legal de la medida. El artículo 367 de la Constitución señala que “el sistema de seguridad social es público” y el artículo 371 que la seguridad social se financia con aportes de los afiliados, empleadores y del Estado.
“No se transfiere esa responsabilidad a los seguros privados o a la medicina prepagada”, dice Pablo Albuja, gerente de Humana.
Cuestiona que deban hacer el reembolso pese a que el afiliado paga un aporte al IESS y contribuye con impuestos para financiar la salud pública.
Aspiazu advierte que la Ley podría hacer que las empresas aumenten hasta en un 50% las tasas de los servicios que ofrecen, con un impacto sobre los asegurados.
Unos 430 000 usuarios de la medicina prepagada son, además, afiliados al IESS.
Humana aún no ha cuantificado en cuánto caería la demanda de pólizas por el ajuste de precios.
“Esta es una situación bastante delicada y ojalá los asambleístas acojan la nueva información”, comentó Leopoldo Báez, gerente general de la aseguradora Bupa.
El reembolso propuesto por el Ejecutivo a favor de los hospitales públicos no pone en riesgo a las aseguradoras, pero significará un incremento en los costos de los seguros de asistencia médica, indicó Patricio Salas, titular de la Federación Ecuatoriana de Empresa de Seguros (Fedeseg).
Doce aseguradoras ofrecen estos servicios, según cifras de la ‘Súper’ de Compañías.
